Rocío García, la pareja de Máximo Kirchner y, por lo tanto, nuera de la expresidente Cristina Fernández, fue imputada este lunes en el marco de la causa que investiga irregularidades con el plan dental 'Argentina Sonríe' que ella dirigía.
El dictamen del fiscal Eduardo Taiana incluye además a otros exfuncionarios kirchneristas y directivos de universidades nacionales que intervinieron en el programa.
Fuentes judiciales informaron que la fiscalía dio curso a la denuncia del abogado Juan Mussa quien denunció irregularidades así como pago de sobre precios en la compra de insumos para subsidiar ese programa asistencial.
Mussa denunció que se pagaron sobreprecios en la compra de 50 unidades móviles equipadas con aparatología odontológica, y que algunas de las cuales están en la actualidad en desuso en un depósito del Ministerio de Salud de la Nación.
Además, de García quedaron imputados Elena Morán (madre del diputado Andrés "Cuervo" Larroque) coordinadora general, María Belén César Gallardo (nuera de Julio De Vido), directora nacional de Salud Bucodental, Eduardo Bustos Villar que encargó los trabajos a Callmed SA, entre otros.
El programa, que dirigió Rocío García, actual ministra de Salud de Santa Cruz, fue derogado hace dos semanas por el Gobierno y posteriormente denunciado penalmente por la Oficina Anticorrupción (OA) por el presunto delito de "defraudación a la administración pública". Sobreprecios, direccionamientos de las compras y favorecimiento de un único proveedor (agravado por posible vínculo familiar), incumplimiento de los procesos licitatorios, adquisiciones de materiales innecesarios, son algunas de las acusaciones que señala la denuncia.
La causa quedó en el juzgado de Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano decidió este lunes imputar a las principales autoridades del plan de Salud bucal. García definida por la auditoría del Ministerio de Salud de la actual gestión como “quien decidía qué se hacía y qué no”, fue la referente regional del programa en el sur.
El plan Argentina Sonríe demandó una erogación de $ 223 millones para once campañas de las cuales seis se realizaron sólo en Santa Cruz, y que según el ministerio de Salud las actividades fueron realizadas "con fines electorales", en un año donde Máximo y Alicia Kirchner fueron los principales candidatos del FpV en la provincia.
Entre las principales acusaciones sobre la nuera de Cristina Fernández y demás autoridades del programa, recaen el presunto direccionamiento de las contrataciones y compras de insumos a una misma empresa: Callmed S.A que a su vez, uno de sus integrantes tendría vínculos familiares con Rolando Nervi, la mano derecha de Rocío García en Santa Cruz y actual viceministro de salud provincial.
También la "triangulación de los pagos con tres Universidades", indica la denuncia, para la refuncionalización de los móviles que demandaron $31.411.100 y se usaron las universidad nacional de Chaco, de Entre Ríos y de San Martín.
Además deberán explicar la compra de "tecnología odontológica que excede tanto los fundamentos de la atención primaria de la salud como también, la etapa rehabilitadora con prótesis parcial y/o completa de acrílico". Entre otros aspectos denunciados como sobreprecios, compras directas de insumos sin el proceso de licitación correspondiente.