Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hicieron lugar a una reclamo del abogado Daniel Bugallo, quien invocó su carácter de letrado apoderado del Defensor del Pueblo en una causa que tramita desde hace 7 años.
Las metas de saneamiento están a cargo de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que reúne a los gobiernos porteño y bonaerense y los municipios ribereños, y que por aquella sentencia el Defensor del Pueblo debe "coordinar el cuerpo colegiado que integra junto con las organizaciones no gubernamentales intervinientes, a fin de garantizar la participación ciudadana en dicha instancia del proceso”.
Pero antes de avanzar: el periodista Carlos Pagni afirmó en su columna editorial en el programa Odisea Argentina (TN) que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ofreció ceder el Juzgado a su cargo a cambio del cargo de Defensor del Pueblo, un cargo muy curioso: bajo perfil pero statu-quo equivalente a ministro de la Corte Suprema.
Volviendo a Bugallo, él reclamó que "el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación se encuentra vacante y el Congreso de la Nación, pese al tiempo transcurrido, no ha nombrado a su reemplazante” ya que debe ser dispuesto con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras.
“El mandato del último defensor adjunto designado venció en diciembre de 2013 y en la medida en que las normas mencionadas sólo reconocen legitimación procesal al Defensor del Pueblo y -eventualmente- a sus adjuntos, el letrado apoderado que suscribe las presentaciones antes referidas carece de facultades para invocar la representación procesal de la institución en tanto, al tiempo de formalizarlas, ésta se encontraba acéfala”, planteó Bugallo.
Sobre esa base, la Corte resolvió en su fallo “exhortar al Congreso de la Nación para que, en un plazo razonable, cumpla con su deber constitucional y designe al Defensor del Pueblo de la Nación”.
También estableció que“entre tanto, el cuerpo colegiado creado mediante la sentencia del 8 de julio de 2008 adopte sus decisiones por mayoría absoluta, con prescindencia de la coordinación oportunamente fijada en cabeza del Defensor del Pueblo de la Nación”.
A ocho años del fallo de la Corte Suprema que ordenó el saneamiento del Riachuelo (causa Mendoza), el presidente de ACUMAR y ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, encabezó el 16/09, la audiencia pública para comunicar la actualización del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del Riachuelo, una medida que la Justicia impuso en julio pasado. Pero más allá de que se lleve a cabo el PISA, no hay optimismo en ACUMAR, ya que el primer plan general para el saneamiento comenzará a concretarse recién en 2023.
El ingeniero químico al frente del PISA, Julio Torti, explicó "buscamos que tanto actores públicos como privados cumplan con las normativas". En este sentido, destacó en la audiencia llevada a cabo en el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas, que unas 218 industrias de la Cuenca son contaminantes y que por segundo se tiran entre 12 y 15 m3 de agua contaminada. "Hay plantas de tratamiento que funcionan mal y que vamos a remover, e impulsamos nuevas iniciativas como el Polo Petroquímico Dock Sud. Buscamos plantear nuevos límites de descarga admisible de desechos", enfatizó.
Torti agregó que "se están construyendo las plantas de Lanús y Fiorito, que tendrán un tratamiento de efluentes para 80 mil y 300 mil personas, respectivamente. Además de la planta Riachuelo, la principal para ese tipo de tratamientos, pero que recién comenzará en 2023".
Durante la Audiencia Pública, algunos de los expositores remarcaron inquietudes respecto a la actualización del PISA. Uno de ellos fue Andrés Nápoli, de la Fundación de Derechos Ambientales, quien destacó que "no tiene diagnósticos específicos ni planes de acción concreta. No se sabe que se está haciendo con la recomposición ambiental. Además, denunció que "en el Polo Petroquímico de Dock Sud, a la salida del Riachuelo, sigue viviendo gente y no se brindan soluciones habitacionales".
En este sentido, el ingeniero Alberto Términe concurrió ayer (01/11) a la Legislatura porteña en representación de ACUMAR, para explicar el desarrollo de lo previsto por el artículo 7° de la Ley 3947 "Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo" y las modificaciones producidas en el mismo. Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
Términe comenzó su presentación indicando que"se ha presentado el informe anual" sobre el estado de los trabajos realizados en la cuenca, y aseguró que "desde el 2013 se ha incrementado sistemáticamente el presupuesto destinado a esta actividad".
El ingeniero detalló que los avances en las obras "comprenden un 35% del territorio y un 27% del total de la población", a su vez señaló que si bien se ha progresado en esta materia aún queda mucho por realizar, una prueba de esto son aquellas cuestiones que no tienen una cartera asignada: "la red cloacal de la Villa 26 todavía no tiene un presupuesto estipulado, aunque ya esta próxima a visitarse", anunció.
"El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabaja para relocalizar a las familias afectadas por la cuenta", destacó Términe y agregó que"hasta el momento hemos relocalizado 507 familias". En esta línea detalló que "tenemos 1254 familias censadas".
Con respecto a la fecha estimada en la que se terminara de ubicar los hogares, el expositor afirmó que "pensamos completar la relocalización de total de las viviendas en el segundo semestre del 2017".