Cristina Fernández se presentó este lunes (31/10) ante el juez Julián Ercolini, quien la citó en el marco de la causa que investiga delitos de corrupción vinculados con la adjudicación de la obra pública a Lázaro Báez durante su gestión.
La ex mandataria no respondió las preguntas del magistrado pero presentó un escrito en el que pidió la nulidad de la causa.
Al salir de los tribunales, habló con la prensa y aseguró que "esta causa es un disparate mayúsculo".
"Esta es una maniobra de persecución política", lanzó Cristina, y amplió que se trata de "una maniobra del actual Gobierno para tapar el desastre económico" del país.
"Es un disparate mayúsculo pretender que hubo una asociación ilícita liderada por el Ejecutivo con distintos funcionarios públicos. Es una maniobra formidable de persecución política que no es original, que también pasa en Brasil y tiene como foco al ex presidente Lula da Silva. Es una maniobra a nivel regional y acá obviamente del actual gobierno, que trata de tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina. Es una cosa que tiene que resolver la sociedad y eso se resuelve en elecciones", deslizó.
Consultada por un periodista sobre una posible candidatura en las elecciones del año próximo, respondió: "Yo creo que apuntan contra dirigentes que pueden ser candidatos y ponen en peligro a su electorado. Por eso tampoco es casual la insistencia del voto electrónico con chip. Nadie puede pensar que estas políticas la gente pueda votar [...] Lo han demostrado todos los técnicos. Es un momento de gran responsabilidad institucional", dijo.
“Las cuentas, desde 2003 hasta 2014, fueron aprobadas por la Auditoría General de la Nación, y por si todo esto fuera poco, los DNU son decretos remitidos al parlamento para su aprobación",aseguró.
“Es una maniobra formidable de persecución politica y hostigamiento mediático. Es una maniobra del actual gobierno para tapar el desastre económico. Si mi gobierno fue una asociación ilícita, este gobierno es una asociación terrorista. Pero no es que queremos que no se investigue sino que se investigue toda la obra pública. Queremos que se investigue a Angelo Calcaterra", acusó.
La ex mandataria fue indagada por el juez federal Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, por presunto direccionamiento de obras públicas al grupo Austral Construcciones. Se investiga si el empresario patagónico Lázaro Báez obtuvo privilegios a la hora de adjudicarse los proyectos.
Los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques denunciaron que entre 2003 y 2015 Baéz obtuvo 49 obras pero solo terminó dos. No obstante todas fueron cobradas en tiempo récord, en relación a los otros contratistas del Estado. En su último dictamen ambos pidieron la ampliación de la imputación que realizaron en agosto contra Cristina (ver nota relacionada).