Horas importantísimas para Juan José Gómez Centurión, quien espera ahora ser designado nuevamente al frente de la Aduana, informaron fuentes oficiales. Cuando anunció su alejamiento, Mauricio Macri indicó que el funcionario volvería a ocupar su cargo si la Justicia consideraba que no había pruebas suficientes en su contra.
A pesar de haber sido desplazado hace dos meses del Ejecutivo, el Presidente recibió la semana pasada al militar y politólogo, a quien se le prometió la reposición en el cargo cuando quedara en firme su alegato de inocencia.
“Las medidas probatorias dispuestas no han logrado vincular a Juan José Gómez Centurión a algún hecho delictivo de competencia federal”, escribió Lijo en una resolución de 34 páginas difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ). El funcionario había sido denunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a partir de información anónima y escuchas ilegales.
El juez explicó en el texto que si bien la denuncia se había radicado en el fuero federal en virtud del cargo de Gómez Centurión, ahora corresponde pasarla al fuero Penal Económico porque “el resultado de las medidas dispuestas no han permitido un avance sobre su eventual responsabilidad en las maniobras denunciadas”. De esta manera, queda descartada la presunta participación de Gómez Centurión en algún tipo de extorsión o de tráfico de estupefacientes o de abuso de autoridad, como se había pedido investigar inicialmente, y quedaría únicamente la eventualidad de delitos relacionados con el contrabando, que son competencia del fuero Penal Económico.
El juez dio por probado que Gómez Centurión se reunió con Carlos Oldemar Barreiro Laborda en el shopping Design Center, de Recoleta -como había admitido el propio funcionario-, pero destacó que su teléfono no registró comunicaciones con este último ni con sus allegados.
“Se verificó por medio de la Inspección General de Justicia que Gómez Centurión no tiene ningún vínculo societario con el resto de las personas denunciadas y que en su agenda personal no tenía ningún encuentro programado con Barreiro Laborda o alguno de sus presuntos empleados”, sostuvo el juez.
Y agregó que “la acreditación de distintos puntos de la denuncia realizada han permitido encuadrar las maniobras en delitos previstos en el Código Aduanero”, razón por la cual declinó su competencia y la pasó al fuero Penal Económico, donde hoy se realizará el sorteo correspondiente para determinar qué juzgado interviene.
“Del análisis de los hechos denunciados y la prueba colectada se puede establecer que las maniobras, por sus características y habitualidad, serían las propias de una organización dedicada al contrabando de mercaderías, cuya competencia corresponde al Fuero Penal Económico de esta ciudad”, abundó el magistrado. En su investigación ahora desprendida para otro fuero Lijo dijo en su resolución sí haber encontrado vínculos entre Barreiro Laborda y otros denunciados, como el director de Fiscalización Operativa y Aduanera, Edgardo Paolucci. Y destacó la existencia de 48 comunicaciones telefónicas entre ellos.