El juez federal Daniel Rafecas amplió este jueves el procesamiento del ex funcionario kirchnerista José López por el delito de enriquecimiento ilícito y elevó el embargo que ya le había trabado a $220 millones, al atribuirle como propio el terreno y la casa de Dique Luján, que fue tasada en US$ 700 mil.
También dictó la falta de mérito a la monja Inés Aparicio. Además, el magistrado hizo una denuncia penal para que se investigue si se desviaron fondos de la secretaría de López al Arzobispado de Mercedes-Luján cuando éste estuvo a cargo del Obispo Rubén Di Monte, ya fallecido.
Rafecas dispuso además el procesamiento de la esposa del ex secretario de Obras Públicas, María Amalia Díaz, como partícipe necesaria en el delito que se le imputa a su marido. Es que de acuerdo con la investigación realizada por Rafecas, la mujer participó activamente en la incorporación del inmueble al patrimonio familiar a sabiendas de que "los recursos destinados al efecto eran injustificables a partir del salario" del otrora funcionario kirchnerista.
En el mismo acto procesal, el juez procesó también como partícipes necesarios a los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, quienes aparecían en los papeles como supuestos dueños de la casa de Tigre pero que en realidad eran testaferros de los negocios de López.
Para llegar a esa conclusión, el magistrado comparó la fachada de contrafrente de la casa de Dique Luján con la residencia de la familia López en la provincia de Santa Cruz y se encontró con una increíble semejanza. El arquitecto que realizó la obra, Federico Curcio, declaró que diseño el contrafrente de la casa de esa manera por pedido de Díaz.
En tal sentido, las titularidades de dominio tanto de Galera como Gutiérrez se reputaron como ficticias y aparentes, así como también el contrato de “locación” extendido por Gutiérrez en favor de López a partir de 2011, el cual además, tenía un precio que estaba muy por debajo del valor locativo real fijado por la tasación oficial dispuesta oportunamente por el Juez.
En tanto, la gran beneficiada de la resolución de Rafecas es la hermana Celia Inés Aparicio, quien recibió la falta de mérito luego de que el juez entendiera que no hay pruebas para procesarla o sobreseerla. Aún hay pendiente una serie de medidas de prueba en su respecto.
Por otra parte, informa el Centro de Información Judicial, a partir del hallazgo de una gran cantidad de documentación en el monasterio de General Rodríguez, que reflejan una relación "muy intensa y particular" con la Secretaría que manejaba López, que incluían pedidos y concesiones de sumas de dinero de las arcas públicas con destino al Arzobispado de Mercedes-Luján a cargo del fallecido Obispo Rubén Di Monte, ante la posible comisión de delitos relacionados con desvíos de fondos o entregas de dinero en forma irregular, Rafecas denunció penalmente esta situación, por lo que en las próximas horas se sorteará un Juzgado Federal para que investigue estos sucesos en forma independiente.