La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento le dio al Gobierno nacional tres días de plazo para que explique las razones del decreto que dispone el uso de la base de datos de la ANSES para políticas de comunicación oficiales.
La decisión de la magistrada fue en respuesta a una acción de amparo presentada por un particular contra la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de traspasar la base de datos de la ANSES, donde constan los registros privados de todos los ciudadanos, a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación. “Atento la medida cautelar solicitado oficiese al Poder Ejecutivo Nacional (Jefatura de Gabinete de Ministros) para que –dentro del plazo de tres días- produzca el informe”, contemplado en la ley de Amparo.
Esa ley prevé que “solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud. Con la presentación del informe, la parte demandada podrá expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañará las constancias documentales que considere pertinentes”.
El amparo fue promovido por la abogada Valeria Laura Carreras, e incluye un pedido de medida cautelar para suspender el traspaso de las bases de datos. La letrada advirtió que habían comenzado a llegar correos electrónicos con propaganda política a ciudadanos. Por ello, denunció penalmente al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una causa que recayó ante el juez federal Ariel Lijo y que ya fue informada en el marco del expediente en el que pidió un freno al traspaso de las bases de datos.
El planteo de la abogada contra la decisión de facilitar las bases de datos en las que constan datos privados de todos los ciudadanos al Poder Ejecutivo fue presentada durante la feria judicial de invierno pero no tuvo tratamiento durante ese período. Una vez que conteste el Ejecutivo, la jueza estará en condiciones de resolver el pedido de medida cautelar.
El pasado 26 de julio, Peña firmó una polémica resolución publicada en el Boletín Oficial por la cual se usará la base de datos de Anses para diseñar las estrategias de comunicación del gobierno nacional. Desde la oposición, desde sectores de izquierda pasando por el kirchnerismo y el massismo, salieron a denunciar un intento de utilizar los datos personales de los jubilados para hacer propaganda política (ver notas relacionadas).