La respuesta no será rápida. Y el Gobierno lo sabe. A todo el tiempo que se tome la Corte Suprema para resolver la apelación del Poder Ejecutivo contra el fallo que suspendió el tarifazo del gas, habrá que sumarle el que le disponga la procuración general.
Es que, tal como se esperaba, el máximo tribunal remitirá el caso al Ministerio Público Fiscal el caso en busca de una opinión.
Si se midiera en términos políticos, la Casa Rosada debería descartar un dictamen favorable desde el vamos, ya que quien debe decidir en esa instancia es Alejandra Gils Carbó, la procuradora general, inspiradora de la agrupación 'Justicia Legítima' y a quien el Gobierno le pidió en reiteradas ocasiones que se fuera por su "perfil militante".
"Si seguimos pagando estas facturas los que nos fundimos somos nosotros"https://t.co/GiVMmKp4Mopic.twitter.com/aTDUzJmHwg
— urgente24.com (@U24noticias) 9 de agosto de 2016
Cabe recordar que 'Justicia Legítima' es un colectivo de jueces y fiscales que, referenciados en las políticas del kirchnerismo para el sector, se oponía a lo que denominaban la "justicia conservadora" o "el partido judicial".
De acuerdo a Clarín.com enviará el expediente a Gils Carbó por la tarde de este martes luego del plenario de ministros que se celebró por la mañana.
La opinión de la Procuración no será vinculante para lo que decida el máximo tribunal pero retrasará los planes del Gobierno, que pretende una rápida definición judicial del asunto.
Gils Carbó deberá opinar sobre el fallo de la Cámara Federal de La Plata que suspendió las subas de tarifas para el servicio del gas en todo el país.
"Estas 'audiencias informativas' no cumplen con los requisitos y vamos a perder 30 días"https://t.co/9sEuLiPyGJpic.twitter.com/nAOdquN7Sx
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