Por motivos desconocidos, funcionarios que son militantes del PRO, lanzaron la versión de que durante la semana que comenzó, la Corte Suprema de Justicia de la Nación enviaría señales sobre los obstáculos que se autoinfligió la Administración Macri acerca del ajuste de las tarifas de servicios públicos. Obviamente que la expectativa de la Casa Rosada es que cualquier mensaje al respecto le sería favorable.
"Ricardo Lorenzetti habla con el Presidente, y sabemos que Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda son razonables", dice esa gente, sin precisar el alcance de la palabra "razonables".
No obstante, en Tribunales se afirma que antes que la Corte, deberá pronunciarse el Ministerio Público Fiscal o sea Alejandra Gils Carbó, instancia que es obligatoria, según el procedimiento administrativo que los del PRO parece que acostumbran no contemplar, y es el origen de sus infortunios con el Derecho.
Acerca del rififarre tarifario, algunos conceptos son muy interesantes, en especial la racionalidad de quienes le aconsejan a los del PRO que modifiquen el cuadro tarifario. Por ahora, el Presidente persiste y, además, se enoja con la diputada nacional Elisa Carrió, quien hizo de vocera a esta oportunidad de evitar un Waterloo porque, por si Mauricio Macri no lo percibió, no es cierto que la Corte Suprema vaya a ser un trámite para el Ejecutivo Nacional.
Los recortes comienzan con Eduardo van der Kooy en el diario Clarín:
"(...) Macri se ha empantanado en un charco por mala praxis. No sólo a raíz de un problema de comunicación. Los aumentos en las tarifas de gas y de luz fueron frenados por la Justicia. El macrismo apostaba, en el primer caso, a que la Cámara Federal de La Plata aceptara la recusación a su primer fallo aplicando el efecto suspensivo de la medida. Eso le hubiera permitido al Gobierno iniciar la refacturación con el 400% de aumento como tope. Pero, aún con un voto disidente, aquella Sala II hizo otra cosa. La cuestión quedó en las manos exclusivas de la Corte Suprema.
El debate interno en el poder se reavivó enseguida. ¿Vale la pena continuar apostando a la salida judicial? ¿Qué garantías puede haber sobre una resolución favorable? Difícilmente los jueces omitan la realización de las audiencia públicas que resultaron eludidas. El macrismo planearía adelantarlas aún sin el fallo del máximo Tribunal. Ese trámite nunca representa una planicie.
Elisa Carrió propuso la confección de un nuevo cuadro tarifario. No está sola en Cambiemos con ese pedido. El radicalismo sugiere algo más: una consulta con los ex secretarios de Energía que propusieron por años alternativas a la debacle energética del kirchnerismo. La audacia no le agradaría a Macri porque implicaría una desautorización para Juan José Aranguren. El ministro de Energía, en medio del conflicto, ha recibido el respaldo público presidencial. El único gesto de ese tenor en siete meses de poder.
Aquella iniciativa de Carrió esconde otro asunto. A la diputada le suena políticamente inconveniente que una decisión de tanta densidad popular quede bajo arbitrio de la Corte. En especial de Ricardo Lorenzetti, su titular. La mujer teme que cualquier laudo a favor del Gobierno –aunque dudoso– pueda condicionar acciones previstas en el Poder Judicial. Entre ellas, la auditoría del Consejo de la Magistratura sobre todos los jueces que sustanciaron causas de corrupción desde 1996.
La búsqueda de una salida extra judicial al pleito sería una moneda de dos caras. El Gobierno deberá postergar durante un buen lapso la reducción de la brecha fiscal. No hay garantía de que la espera de la Corte no represente lo mismo. Aquella brecha se ensancha por demandas de la política. (...) El reverso de aquella moneda sería de política pura: la reconsideración de los cuadros tarifarios permitiría al Gobierno escapar del desgaste público al que lo somete un problema que por la vía actual no se salda. (...)".
Luego, Joaquín Morales Solá en el diario La Nación:
"(...) El conflicto inmediato es el de las tarifas. No es menor. Los subsidios privados (luz, gas, agua, transporte, empresas) significan el 85% del déficit fiscal. No hay economía que soporte semejante distorsión sin aferrarse a la inflación y el atraso. Hay una pregunta que se han hecho muchos en los últimos tiempos: ¿es el Gobierno o la Justicia la que debe fijar el precio de los servicios públicos? La pregunta en sí misma sería cómica en un país gobernado por una República en serio. Es el Gobierno, sin duda, pero éste tiene la obligación de cumplir con todos los requisitos de la ley. Si los esquiva, el resultado es, como sucede en estos días, que los jueces terminan opinando sobre las tarifas.
En la tarde del jueves pasado, el Gobierno tomó la decisión inexplicablemente tardía de convocar de inmediato a audiencias públicas. Esas audiencias son un mandato de la ley, que la administración trató de evitar con pretextos poco creíbles. "Fue un grave error", se escuchó decir en instancias decisivas del poder político. Lo fue. En efecto, el argumento central de la Cámara Federal de La Plata, que suspendió los aumentos del gas en todo el país, fue la ausencia de esas audiencias, que no son vinculantes; son sólo informativas. Paréntesis: los jueces de la Cámara Federal de La Plata no pertenecen a Justicia Legítima, como el Gobierno creyó erróneamente.
Es cierto que hay jueces que se equivocan, y mucho. Está el caso de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, que suspendió los aumentos de la electricidad en todo el país. Son cosas distintas. El único servicio que se puede suspender en todo el país desde un juzgado federal es el del gas. Las provincias tienen sus propias empresas de electricidad, muchas han convocado a audiencias públicas, y también hay cooperativas proveedoras de electricidad en provincias y municipios, que tienen sus propios acuerdos. La tarifa del agua potable subió, pero la empresa AySA convocó a consulta a una comisión de vecinos, lo que la salva legalmente.
El Gobierno le alivió el trabajo a la Corte Suprema de Justicia cuando decidió convocar a audiencias públicas por los aumentos del gas. También deberá hacerlo por las de electricidad en los casos en que no hubo audiencias, sobre todo en la región metropolitana. Por más vocación de ayudar al Poder Ejecutivo en esta cuestión, la Corte no podía (no puede) ignorar el cumplimiento de la ley.Tampoco le pueden pedir que haga retroactivo los aumentos del gas una vez que se realicen las audiencias. No habrá retroactividad para esos aumentos. La sociedad no tiene por qué hacerse cargo de los errores legales del Gobierno. (...)".
Oportuna mirada de Vicente Massot en el diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca:
"Desde que tomó las riendas del gobierno, Mauricio Macri ha sumado en su haber diferentes ventajas y, como no podría resultar de otra manera, ha cometido errores de distinta índole. Pero más allá de aquellos y estos, hasta ahora ha quedado en claro que el arco opositor –sobre todo las diferentes fracciones del peronismo- no ha podido capitalizar los traspiés que acumuló la administración de Cambiemos en sus primeros siete meses de gestión.
Esa notable incapacidad para aprovecharse de los tropiezos gubernamentales –común a Cristina Fernández de Kirchner, José Luis Gioja y Miguel Ángel Pichetto, solo por mencionar a tres personalidades de ese espacio público- es en buena medida producto de la falta de unidad y liderazgo del PJ. Pero, además, es el resultado de la inestimable colaboración de la expresidenta con quien ella más detesta.
Si Cristina Fernández dejase de existir, Mauricio Macri debería hacer un esfuerzo sobrehumano para resucitarla. Por suerte la expresidente no ha desaparecido de la escena. Goza de buena salud -malgrado el porrazo que se pegó días pasados en su departamento de la Capital Federal- y su incontinencia verbal permanece intacta, como cuando gobernaba el país a discreción y se permitía tomar la cadena de radiodifusión a diario, cual si fuera algo de su exclusivo patrimonio.
La viuda de Kirchner, aun cuando no lo sepa o le disguste que se lo adviertan, es hoy el respaldo principal de una administración que está en las antípodas de su pensamiento. La relación que se ha entablado al respecto es una de las más paradójicas que registre la historia argentina contemporánea. Es que, sin puntos de contacto ideológico o de otra naturaleza entre el primer magistrado y su antecesora en Balcarce 50, la Fernández, muy a pesar suyo, obra a la manera de un aliado incondicional de su principal enemigo. Es un típico caso de la incidencia que poseen, en la historia política, las consecuencias no deseadas. (...)".
"(...) Tanto en el caso de Cristina Kirchner, que lleva a Lázaro Báez, como en el de José López y la dupla Bonafini-Schoklender, el punto que une las investigaciones es la práctica irregular sobre la obra pública. Por algo similar la titular de Madres de Plaza de Mayo debe declarar mañana ante el juez federal Martínez de Giorgi, en la sede de la entidad, luego de su acto de rebeldía premeditado.
Pese a que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la dictadura, la concepción democrática de Bonafini no se ajusta a los requerimientos del siglo XXI y eso quedó nuevamente en evidencia en la semana que pasó. La dirigente ya había hecho “juicios populares” a políticos y periodistas que no son de su paladar político. Y llegó a promover la toma de la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal del país está acostumbrado a recibir presiones, incluso del nivel del exabrupto aquel de Bonafini. Ahora mismo tiene en sus manos el litigio candente de las tarifas de gas, que el gobierno espera que resuelva lo antes posible. Lorenzetti le habría dado al Presidente alguna señal de que el tratamiento no se dilatará, pero ninguna seguridad sobre el sentido de la resolución.
Las empresas del sector también metieron presión, al advertir que si no pueden facturar sus servicios, tendrán problemas para pagar los sueldos y a los proveedores. El propio gobierno debió recalcular las partidas que destinará a los subsidios energéticos, en un contexto desfavorable en materia de déficit fiscal, que podría trepar al 4,4% del Producto Bruto Interno (PBI) a fin de año.
El agujero fiscal no es sólo un problema del gobierno nacional, sino también de las provincias. Por eso la Casa Rosada buscó comprometer a los gobernadores a manejar el gasto con austeridad, luego de firmar el acuerdo de devolución de los fondos tomados por la ANSES. El curso de la economía sigue siendo la preocupación de fondo, más allá de los escándalos de corrupción. (...)".
El dato de Laura Serra en el diario La Nación:
"La solución es política, no judicial. Y el Gobierno debe actuar ahora." El reclamo partió de la cúpula del bloque de Cambiemos de la Cámara de Diputados, cuya preocupación por el problema de las tarifas y el costo político que éste le acarrea al Gobierno ya no disimula. El temor es que la oposición, por ahora dispersa, logre consensuar una ley que suspenda la aplicación de las subas, lo que le implicaría un duro golpe político -similar a la polémica ley antidespidos- a la Casa Rosada.
Con los aumentos del gas y de la luz suspendidos en todo el país por orden judicial, los legisladores de Cambiemos sostienen que es el momento propicio para que el Gobierno instrumente una "salida política rápida", que ponga punto final a todo el entuerto, que ya lleva seis meses.
"Hoy la decisión está en manos de la Corte Suprema. En el ínterin, al Gobierno se le presenta un espacio para actuar y presentar una solución definitiva que satisfaga a los dos pilares que hoy sostienen la gobernabilidad: la gente que nos votó y los bloques opositores que son nuestros interlocutores", planteó el diputado Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos de la Cámara baja.
El reclamo del bloque oficialista va en consonancia con las recientes declaraciones de Elisa Carrió (Coalición Cívica), una de las principales socias de Cambiemos. Insistió en que el Gobierno debe resolver cuanto antes el problema de las tarifas, retrotraer la situación a marzo pasado e instrumentar las audiencias públicas.
Los legisladores de Cambiemos advierten que si bien el Frente Renovador, de Sergio Massa, y el bloque Peronista, que conducen Oscar Romero y Diego Bossio, han sido frecuentes aliados en la oposición para la sanción de las leyes durante el primer semestre de este año, la situación cambiará inevitablemente conforme se aproxime la competencia electoral de 2017. Sabe que el peronismo, que busca desembarazarse del lastre kirchnerista y recomponer su frente interno, hará del Congreso una vidriera para sus propios réditos electorales.
De hecho, mientras el Gobierno se mantiene enredado en la madeja judicial, tanto Massa como Bossio y Romero salieron a marcar distancia. El Bloque Justicialista propuso lisa y llanamente la suspensión del aumento de tarifas que dispuso el Gobierno. La Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja, que preside el pampeano Sergio Zilitotto, hombre del gobernador Carlos Verna, impulsaría un dictamen en ese sentido. (...)".