Son casi nueve millones de dólares -US$8.982.047- los que le fueron secuestrados ayer (14/06) al ex secretario de Obras Públicas José López, quien fue detenido mientras intentaba ocultar los bolsos con el dinero (además de relojes y una carabina) en un monasterio de General Rodríguez. Toda una verdadera fortuna que, en caso de que el ex funcionario resulte condenado por alguno de los delitos que se le imputan (enriquecimiento ilícito y/o lavado de dinero y/o ocultamiento de pruebas), serían decomisados y acabarían en las arcas del Poder Judicial. Y ante esta situación, se renueva un antiguo debate: ¿no sería mejor que dicha fortuna sea destinada a fines sociales, por ejemplo? En el Congreso descansan al menos tres proyectos en este sentido, y Cambiemos buscaría activarlos.
El camino legal que transitarán los US$8.982.047 contempla que en un primer momento estarán bajo la custodia del juez que investigue a López (podría ser Daniel Rafecas, que mañana lo indagará por enriquecimiento ilícito y ya le solicitó a su par de Moreno que se inhiba de acusar al ex funcionario por ese delito, publica Infobae). Dicho magistrado tendrá a cargo la administración de los fondos que quedarán depositados en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, según fija el artículo dos de la ley 20.785 sobre la custodia y disposición de los bienes secuestrados en una causa penal.
Allí, en el Banco Nación, estarán los millones de dólares mientras se tramita la causa penal, que podría ser más de diez años.
Luego, en caso de que López sea condenado y esa resolución esté firme, el dinero será decomisado, lo que implica que ya no le pertenecerá al acusado. Si eso ocurre, la plata pasará quedará en las arcas del Estado pero no tendrá un fin social ni reparador de la conducta delictiva, si no que irá directamente a manos del Poder Judicial de la Nación.
Según establece la ley 23.853 sobre el presupuesto del Poder Judicial, parte de los recursos para sus gastos son los "efectos secuestrados en causas penales que no hayan podido entregarse a sus dueños"y los "objetos comisados".
# El petit hotel de María Julia
Cabe recordar que cuando fue rematado el petit hotel de la ex funcionaria menemista María Julía Alsogaray para decomisar los tres millones de pesos de su condena por enriquecimiento ilítico, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) pidió que el dinero se entregue al hospital Garrahan.
Y si bien el Tribunal Oral Federal 4, que había condenado a Alsogaray, aceptó el pedido, en agosto de 2013 la Corte Suprema lo revocó y dispuso que el dinero forme parte del presupuesto del Poder Judicial.
El máximo tribunal sostuvo que una "transferencia sin cargo de fondos públicos a terceros iría en contra de las normas que garantizan el financiamiento del Poder Judicial" y que la ley no contempla otorgar el dinero a un organismo público.
# Al menos 3 proyectos descansan en el Congreso
Según informó Semanario Parlamentario a fines de mayo pasado, el interbloque Cambiemos quiere activar en la Cámara de Diputados la discusión por una ley de extinción de dominio para los bienes provenientes de actos de corrupción y narcotráfico, para lo cual se encamina a un acuerdo con el Frente Renovador.
La intención del oficialismo es convocar, en breve, a un plenario de las comisiones de Legislación General, Justicia y Presupuesto y Hacienda, de donde saldrá el dictamen conjunto.
Hay tres propuestas presentadas por diputados de Cambiemos: una pertenece a Elisa Carrió (Coalición Cívica), y las otras, a los radicales Miguel Bazze y Héctor Gutiérrez. Pero también hay otra presentada por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que justamente es la que Cambiemos tomó como base. El oficialismo aspira acordar con el massismo para lograr la aprobación en el recinto.
En diálogo con parlamentario.com, el titular de la Comisión de Legislación General Daniel Lipovetzky explicó que el proyecto massista contempla el tema como una modificación al Código Civil, mientras que el Frente para la Victoria lo aborda como una discusión de materia penal. Esa diferencia, casi insalvable, aleja al interbloque oficialista de un acuerdo con el kirchnerismo.