El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández calificó como "una locura" la denuncia en su contra por haber vendido supuestamente parte de su patrimonio luego de ser inhibido por la Justicia en el marco de la causa en donde se lo investiga por irregularidades en la implementación del Plan Qunita.
"¿Cómo voy a estar preocupado si la causa es una locura?", expresó Fernández, al ser consultado sobre la denuncia de la fiscal general Gabriela Baigún.
La funcionaria consideró que Fernández le mintió a la Justicia, al afirmar que carecía de patrimonio embargable, para luego vender dos automóviles de alta gama, un BMW y un Toyota, por más de un 1 millón de pesos, cuando ya se había ordenado su inhibición general de bienes.
"Pedí la autorización, me presenté, vendí los dos autos y compré uno que es más caro que los dos. Encima, el monto está intacto en la cuenta", dijo Fernández en declaraciones a Radio 10.
Además, señaló con ironía: "Me río de las causas pero si mañana inventan que me encontraron teniendo sexo con el oso Carolina y sí, puedo ir preso".
"Pueden contratar a alguien para que diga barbaridades de mí, pero está preso. Cuando no está preso, ese alguien se compromete hasta ahí", agregó.
La semana pasada, la titular de la Fiscalía General número 3 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Gabriela Baigún, denunció al ex funcionario por el eventual delito de "insolvencia fraudulenta" a raíz de dichas operaciones. El juez federal Claudio Bonadio procesó el año pasado a Fernández -junto a otros ex funcionarios y empresarios- y solicitó la elevación de la causa a juicio oral por el presunto fraude en el plan Qunita. El magistrado, además, dispuso la inhibición de sus bienes.
Según una investigación del Ministerio Público Fiscal, los vehículos que vendió el ex funcionario formaban parte de su capital y habrían sido vendidos "con posterioridad a que se dictara su inhibición general de bienes".
Si bien al momento de ser dictada la inhibición general Aníbal Fernández y otros imputados habían asegurado no contar con bienes para afrontar embargos, una investigación de la Fiscalía realizada con la asistencia de la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que incluyó el relevamiento del secreto fiscal, corroboró que la situación no era la señalada.
La denuncia por presunta "insolvencia fraudulenta" se debe a que, en el marco de una inhibición de bienes, "no puede procederse a la venta de ningún bien registrable". "Ningún dinero puede entrar o salir del patrimonio en ese contexto", resaltaron fuentes judiciales, quienes indicaron además que la investigación patrimonial realizada sobre el ex jefe de Gabinete determinó también que el ex funcionario"falseó primero información cuando fue inhibido en la causa y declaró no poseer bienes".