Amado Boudou volvió a declarar este lunes (11/12), como testigo, ante el juez federal Sebastián Ramos, en el marco de la denuncia que presentó por la filtración de fotos de su arresto. Frente al magistrado, cuestionó a los agentes de Prefectura Naval que participaron del operativo. "Fui humillado y obligado a posar", aseguró el ex vicepresidente.
Boudou declaró ante el magistrado que el jefe del operativo le dijo que cumplía órdenes de sacarle fotos y filmarlo el día de su arresto, el pasado 3 de noviembre en su departamento en Puerto Madero.
Además dijo que "nada era azaroso" y que las fotos estaban "armadas", ya que de fondo aparece la biblioteca, con símbolos de su afinidad política como un muñeco de Cristina Fernández. "El jefe fue quien armó la escena y les ordenó a los otros dos que se ubicasen al lado mío para la foto", acusó.
"Eligieron la pared más identificatoria de todas para que sea bien claro que era mi casa, porque (a la foto) la podría haber sacado o contra la ventana con cortina. Pero eligió la que tenía libros, símbolos políticos, la estatua de Cristina y elementos identificatorios personales. Fue totalmente intencional", acusó.
Además, Boudou contó que el día de su detención hacía mucho calor y que pidió que se abriera una ventana para que entrara aire, pero que los prefectos se negaron con el argumento de que un periodista podía tomar una foto y filtrar las imágenes, lo que le pareció una burla.
Ramos investiga la denuncia que presentó Boudou por la difusión de imágenes que lo mostraron descalzo y en pijama, tras abrir la puerta a los efectivos de Prefectura que, el el 3 de noviembre pasado, llegaron a detenerlo en su departamento de Puerto Madero.
Por el momento en la causa están imputados los prefectos que participaron del operativo. Pidieron peritar los celulares que tenían en ese momento los efectivos para determinar a quiénes enviaron mensajes.
Boudou se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, acusado por lavado de activos a raíz de su presunto enriquecimiento ilícito. Entre otros casos, el exvicepresidente es investigado por el contrato para renegociar deuda pública de Formosa por $ 7,6 millones y por la llamada "ruta del dinero" por la imprenta de la ex-Ciccone Calcográfica.