Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques pidieron al juez Julián Ercolini que sean afectados en forma concreta, para cumplimentar el embargo decretado el año pasado, propiedades, vehículos, embarcaciones, acciones y cuentas bancarias de la ex presidente Cristina Fernández. El pedido también incluye a los bienes de Julio De Vido y al resto de los procesados en la causa que investiga las irregularidades y el direccionamiento en la obra pública.
La medida alcanza también al ex secretario José López, Carlos Santiago Kirchner, Nelson Periotti y los jefes del distrito 23 de Vialidad Nacional, a los ex titulares de Vialidad Provincial y a los bienes que fueron cedidos por Cristina a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner.
En total son 145 inmuebles, 42 automóviles, 2 embarcaciones, y 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades.
En el caso de las cajas de seguridad que fueron franjadas durante la investigación, los fiscales le solicitaron al juez que orden un inventario y el secuestro de su contenido. Respecto a los otros bienes embargados, reclamaron una tasación para determinar el valor real.
El embargo preventivo es una medida cautelar que suelen pedir los fiscales para garantizar el eventual decomiso de los bienes de los imputados, y a su vez para satisfacer la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso luego del juicio.
En este caso, el juez Ercolini ya había embargado los bienes de los imputados al momento de procesarlos. Primero ordenó un embargo hasta $10.000.000.000, y luego sumó otro por $2.500.000.000 cuando amplió el listado de procesados. Pero la medida recién se hace efectiva cuando quedan identificados todos los bienes y se comunica a los registros oficiales.
En el mismo escrito, según publicó Infobae, los fiscales también pidieron al juez que disponga la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre las acciones de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto Construcciones, Gotti SA, Sucesión de Ademo Biancalani SA y K-SANC SA.