La Cámara federal confirmó este lunes (17/04) el procesamiento -dictado por el juez federal Claudio Bonadio- del ex Secretario General de la Presidencia de la Nación Oscar Parrilli por el delito de 'defraudación contra la administración pública', al haber pagado con fondos públicos la elaboración de un libro referido a la gestión del kirchnerismo que nunca se publicó.
La Sala II del Tribunal además confirmó además el procesamiento de la ex jefa de la Casa de Moneda Katya Daura, y fijó la falta de mérito para el ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario Javier Grosman.
"El libro de la Década Ganada", según la investigación, fue gestado por Parrilli, para lo cual se compró papel en 2013 y se dispuso que la impresión estuviera a cargo de la Casa de la Moneda.
Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun confirmaron el procesamiento del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de Daura, ya que esta última fue quien avaló la compra de papel que implicaron un perjuicio para el patrimonio del Estado y más teniendo en cuenta que el libro nunca se publicó.
Según publicó el Centro de Información Judicial, en el caso se investigan maniobras defraudatorias concretadas en el marco de la Licitación Pública n° 16/13 de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la hipótesis de que “…todo el proceso licitatorio habría estado direccionado a que sea esta sociedad que presido la que ganaría, recurriéndose a terceros para poder cumplimentarla y trabajando con costo hundido para poder tener una oferta razonable. Y, como dijera, el trabajo no se hizo, se cobraron $800.000 y no existió reclamo alguno del cliente. Se dejó papel durante más de tres años con otra empresa, no fue registrado y ninguna actividad se realizó para intentar recuperarlo con el perjuicio que ahora ello genera pues se reclama una deuda por su almacenaje durante todo ese tiempo”.
El tribunal tuvo por probado que se cometieron delitos en ese marco. Dijo sobre el punto que “en el sumario se ha constatado que el patrimonio de una sociedad del Estado (Casa de Moneda) fue efectivamente afectado, pues incluso previo a ser adjudicada en la licitación, la empresa de mención –con el aval de su titular Daura y representada por su inferior jerárquico Nirjak- operó a ‘costo hundido’, autorizando importantísimos gastos en favor de terceros en forma excepcional, en los términos del estatuto” y que “la notoria desatención de los funcionarios en proteger tales intereses confiados –frente a los serios signos al alcance sobre los riesgos en ese sentido- debe ser necesariamente vinculado a las referencias y datos que sugieren que, de antemano, era conocido que la empresa sería seleccionada para operar en semejantes condiciones”.
El papel de los imputados en los hechos fue analizado por los camaristas desde la óptica siguiente: “No se trata, como se ve, de observar sus actuaciones desde un punto de vista formal, que siguiera los pasos propios de una licitación adjudicada. Se trata de discernir sus responsabilidades en el marco de una actividad que, según se corroboró preliminarmente, tuvo por matriz común el uso indiscriminado de un patrimonio de carácter público, sorteando los canales regulares y sin provecho final alguno”.
Concretamente, sobre Oscar Parrilli se sostuvo que su rol en los eventos “no revela su ajenidad con la maniobra –como alegó su defensa-, sino lo contrario. Se ha probado que se transfirieron –para un trabajo cuya producción se dejaría unilateralmente sin efecto- ochocientos mil pesos ($800.000) de los recursos propios de la Secretaría General de la Presidencia. Pero además, que él tuvo un papel activo en las definiciones previas entre los involucrados, en las cuales, por un lado, se escogió de antemano la sociedad que resultaría adjudicada y se consintieron los procederes que derivarían en las consecuencias lesivas para los fondos públicos en juego”. Se hizo notar que el por entonces Secretario General de la Presidencia de la Nación le sugirió a la autoridad de Casa de Moneda que se presentaran en la licitación para “imprimir el libro de la Década Ganada”.
En cuanto a Daura, los jueces llamaron la atención acerca de que dio curso a compras que implicaron perjuicios para el patrimonio estatal sin provecho alguno a raíz de ello, cuando había signos claros de que podría generarse ese resultado. Y lo hizo sin la intervención del directorio de Casa de Moneda –órgano de gobierno-, cuando ello correspondía y era reglamentaria y habitualmente cumplido.