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Confirman que usarán máquinas embargadas a Báez para obra pública

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Lázaro Báez sufrió otro revés de la Justicia.

La Sala II de la Cámara Federal confirmó este lunes (10/04) la decisión del juez Sebastián Casanello que otorgó la guarda judicial del parque automotor de Austral Construcciones SA, a la Dirección de Vialidad Nacional (DVN). La defensa del empresario Lázaro Báez había apelado dicha medida. Se trata de 114 camionetas y 280 máquinas para obras viales que se encuentran en el predio de la firma insignia de Báez, en el acceso principal a Río Gallegos.

Se trata de la primera vez que objetos embargados en una causa por lavado de dinero son reasignados para su utilización, para "asegurar la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado". El juez Casanello designó como depositario judicial a la DNV de los rodados y equipos viales –propiedad de Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A., dos de las principales constructoras de Báez, preso hace un año.

Aunque Báez apeló esta medida, los jueces Eduardo Farah y Martín Iruzun consideraron que no sólo es importante asegurar las enormes sumas embargadas -en el caso del empresario son $800 millones en la Ruta del Dinero K-, dinero sospechado de ser producto de un ilícito, sino también considerar que muchos de los bienes "pudieran constituir el provecho o producto del delito y así eventualmente podría recaer sobre ellos el decomiso a favor del Estado Nacional".

En consecuencia, se vio la necesidad de asegurar "la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado" en caso de que se confirme lo investigado en la causa, es decir, el lavado de activos por parte del principal beneficiario de obra pública en Santa Cruz. En este punto, en la causa ya se consignó que desde 2005 a 2015 Lázaro Báez -que recibió 52 contratos por 46.000 millones de pesos (a valores actuales)-, logró incrementar su patrimonio de manera sustancial: 2.547 millones de pesos en 418 propiedades.

En tal sentido, la Cámara Federal consignó que la Argentina se comprometió internacionalmente "a adoptar todas las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito", al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Trasnacional. Y que a su vez, no se desconoce la existencia de "un fuerte reclamo social que, a la par de repudiar estas conductas, exige que se atienda a las necesidades de la comunidad, a cuya postergación también habrían contribuido estos hechos".

El parque automotor que Casanello entregó en guarda judicial a Vialidad Nacional, se compone de 114 camionetas y 280 máquinas viales, valuadas por el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) en $81,5 millones. Además, en varias estancias la Justicia detectó 41 máquinas pesadas más por 17,2 millones. Así, la flota de vehículos de la constructora tiene un valor total de 98.772.000 pesos.

La resolución que da luz verde para que Vialidad Nacional haga uso de la maquinaria de Austral Construcciones, señala que la misma se destinará para reforzar el “Operativo Invernal” que presta auxilio a las provincias de la Patagonia para garantizar "la transitabilidad de las rutas nacionales y los pasos fronterizos, buscando como resultado la seguridad vial y la reducción en tiempo del cierre de los traslados viales por problemas climáticos y peligros naturales".

Según informó el Centro de Información Judicial, "la entrega fue ordenada en carácter de depositario judicial, es decir que no es definitiva, y se dispuso que el cuidado y preservación se encuentre a cargo de Vialidad Nacional".

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La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el fallo del juez Sebastián Casanello que dispuso que toda la maquinaria secuestrada a Lázaro Báez en el marco de la causa que enfrenta por lavado de dinero será utilizada por Vialidad Nacional para la realización de obra pública. Se trata de 114 camionetas y 280 máquinas para obras viales que se encuentran en el predio de Austral Construcciones en el acceso principal a Río Gallegos. Es la primera vez que objetos embargados en una causa por lavado de dinero son reasignados para su utilización para "asegurar la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado".
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"REPARACIÓN DEL DAÑO"
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