La Corte Suprema de Justicia reconoció las facultades de la Convención Constituyente de 1994 y restableció el límite constitucional de 75 años de edad para la función judicial. El máximo tribunal dispuso como excepción que los magistrados que lleguen a esa edad obtengan el aval del Senado y del Presidente para seguir en el cargo.
Según pudo saber Urgente24, este fallo no es "erga omnes", es decir que no se aplica a todos los casos. En lo que respecta a la jueza Elena Highton de Nolasco, es probable que pueda continuar ejerciendo como magistrada ya que cuenta con sentencia a su favor. Diferente es el caso María Romilda Servini de Cubría.
Highton, que cumple 75 años en diciembre, busca seguir los pasos de Carlos Fayt, quien renunció al máximo tribunal a los 97 años. Semanas atrás, el juez Enrique Lavié Pico hizo lugar al amparo de la jueza que, para evitar su salida del máximo tribunal, planteó en un amparo que la Convención Constituyente de 1994 -que integraron sus compañeros de tribunal Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda- se excedió en sus atribuciones al fijar ese límite a los mandatos de los jueces.
El ministerio de Justicia, que dirige Germán Garavano, solicitó entonces al juzgado que "rechace la acción instaurada”. Si bien se interpretó que esto obedecía al deseo del Gobierno de conseguir la vacante en la Corte, otra versión indicó que se trató de un paso formal. Pero Highton consiguió un fallo favorable del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico. Finalmente, el Gobierno dejó vencer el plazo para apelar el fallo de primera instancia y la sentencia quedó firme.
Esta decisión del Ejecutivo generó algunas dudas, sobre todo porque si bien no apeló el fallo de Highton, no decidió levantar la demanda por Leopoldo Héctor Schiffrin -sobre quien se pronunció hoy la Corte-.
# El caso de Servini
El caso de la jueza Servini de Cubría (80 años) es distinto, porque no contaría con una sentencia firme a su favor que la retenga en el cargo, por lo que deberá buscar el acuerdo en el Senado para obtener una prórroga, que además cuente con el aval del Gobierno. Lo cual parece complicado, a la luz de ciertas acusaciones lanzadas por la magistrada.
En noviembre pasado, Servini dijo tener conocimiento de que "hay en la Corte una resolución (por salir) que quiere revocar la resolución anterior" que permitió que el ex juez Carlos Fayt mantuviera su cargo hasta los 97 años. Se trata de la resolución que efectivamente salió hoy.
"Ya sé hasta quiénes son mis subrogantes", le confesó María Servini de Cubría a los periodistas que la entrevistaban por Radio Cooperativa, cuando le preguntaron entonces sobre esa supuesta resolución atribuida a una iniciativa del ministro Garavano que respaldaría el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, que emitiría la Corte Suprema relacionada con la edad a la que deben jubilarse los jueces.
En ese momento, Servini de Cubría sugirió que Lorenzetti podría rectificar o desdecir su propia opinión en ocasión de justificar la continuidad de Carlos Fayt en la Corte, cuando los K quisieron jubilar al magistrado, quien bastante tiempo después se alejó por su propia voluntad. Y efectivamente, Lorenzetti cambió su opinión en la resolución de hoy.
Según Servini de Cubría, unos 80 jueces deberían jubilarse por superar los 75 años en caso de que la supuesta iniciativa prosperase, cuando todavía hay 200 cargos vacantes en el Poder Judicial,por lo que consideró inoportuno avanzar con la iniciativa.
"¿Cuál es el interés de del ministro Garavano de que los mayores de 75 nos quedemos o nos vayamos?", abundó la jueza. Antes de esto, ella había denunciado “presiones” sobre su ámbito profesional; y reiteró su rechazo al plan de reforma judicial 2020 que impulsa el ministro Garavano, al considerar que era “una utopía, que en vez de mejorar el sistema penal lo va a empeorar”.
Ella también se quejó que funcionarios y legisladores no consultan a los magistrados con experiencia antes de redactar los decretos y eleyes. Por ejemplo, la nueva ley de delitos in fraganti “es imposible de cumplimentar” porque, calculó, “si en 15 días tengo 600 llamados de policías, y de esos 500 son todos in flagrancia, ¿creen que puedo hacer 500 juicios orales en 24 y 48 horas, y dejar detenidas a 500 personas?”.
“Todo es un costo en dinero”, alertó, y reclamó “que se consulte a la gente que tiene experiencia, nada más”.
# El fallo en el caso Schiffrin
En el acuerdo celebrado este martes (28/03), la Corte resolvió la causa “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional” en la que se discutió la validez de una cláusula de la Constitución Nacional incorporada por la Convención Reformadora de 1994.
Según informa el Centro de Información Judicial,con este pronunciamiento, la Corte Suprema abandonó lo decidido en el fallo “Fayt” en 1999. En ese caso, este Tribunal -con otra composición- había declarado que era nulo el artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo introducido por la reforma constitucional de 1994. El párrafo señalado exige a los jueces que pretendan seguir en funciones después de cumplir la edad de 75 años la necesidad de que obtengan un nuevo acuerdo del Senado de la Nación y un nuevo nombramiento del Presidente de la Nación para mantenerse en el cargo.
Al revocar la doctrina del caso “Fayt”, la decisión de esta Corte en el presente caso “Schiffrin” devuelve la validez a la única norma de la Constitución Nacional que fue declarada nula -en toda la historia constitucional de la Argentina- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este fallo de alto interés institucional restableció entonces la potestad del Congreso y del Presidente de la Nación -como poderes políticos reconocidos por la Constitución- de ejercer las funciones que el constituyente reformador les otorgó para decidir como representantes del pueblo si un juez puede continuar ejerciendo su función después de los 75 años.
La doctrina que emana de la presente sentencia apunta en suma a devolver su vigencia a la totalidad del texto de la Constitución Nacional, tal como fue aprobada por los constituyentes reformadores en 1994.
En el fallo, la Corte Suprema declaró por una mayoría de votos compuesta por los doctores Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti -con disidencia del Doctor Carlos Rosenkrantz- la plena validez y vigencia de la norma señalada y, con ello, de la totalidad de las cláusulas de la Constitución Nacional, con las reformas incorporadas por la Convención Constituyente de 1994.
Mediante la decisión mayoritaria conformada por los votos concurrentes individuales de los doctores Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, los señores Ministros dejaron expresamente en claro que concordaban absolutamente con respecto a que:
a) La Convención reformadora actúa como poder constituyente derivado, reuniéndose con la finalidad de modificar, o no, sólo aquellas cláusulas constitucionales que el Congreso declaró que podían ser reformadas.
b) Dentro de los límites de la competencia habilitada, la Convención Constituyente es libre para determinar si lleva a cabo la reforma y, en su caso, para definir el contenido de las disposiciones constitucionales que modificará.
c) El control judicial de la actuación de una Convención Constituyente debe adoptar la máxima deferencia hacia el órgano reformador, acorde al alto grado de legitimidad y representatividad que tiene la voluntad soberana del pueblo expresada a través de la Convención Constituyente. En caso de duda debe optarse por la plenitud de poderes de esa Convención.
d) La ley 24.309 (artículo 3°, tema e), al habilitar a la Asamblea reformadora de 1994 a actualizar las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo contenidas en la Constitución Nacional, incluyó los diversos componentes del proceso de designación de los jueces federales que impera en nuestro país.
e) Esa habilitación sostiene la conclusión de que la necesaria intervención de los Poderes Ejecutivo y Legislativo -cuando los jueces federales alcanzan la edad de 75 años- aparece razonablemente como una de las modalidades posibles reservadas a la Convención Constituyente.
f) La única vez en la historia argentina en que la máxima autoridad del Poder Judicial declaró la nulidad de una cláusula de la Constitución Nacional fue en el caso “Fayt” de Fallos 322:1616, sentencia en la cual la Corte había puesto en ejercicio un control restrictivo sobre el juicio de compatibilidad material entre los temas habilitados y las cláusulas adoptadas, que limita severamente la competencia del órgano reformador.
g) La doctrina utilizada en el caso “Fayt” debe ser abandonada y sustituida por un nuevo estándar de control, que sea deferente y respetuoso de la voluntad soberana del pueblo.
h) La aplicación de la nueva doctrina lleva a concluir que la convención constituyente de 1994 no ha excedido los límites de su competencia al incorporar la cláusula del art. 99, inc. 4°, tercer párrafo, de la Constitución Nacional. Ni tampoco ha vulnerado el principio de independencia judicial, que hace a la esencia de la forma republicana de gobierno; ello así, en tanto el límite de edad modifica únicamente el carácter vitalicio del cargo, pero no la garantía de inamovilidad de los jueces.
Con estos fundamentos, se declaró procedente el recurso extraordinario, se rechazó la demanda promovida por el juez Schiffrin, y se dejó en claro que el pronunciamiento no afectaba la validez de los actos cumplidos por dicho magistrado.
Disidencia del Dr. Carlos Rosenkrantz
En su disidencia, el juez Rosenkrantz entendió que lo que estaba en discusión en este caso no era la razonabilidad de la limitación del mandato de los jueces sino la validez constitucional del proceso por el cual se introdujo esa reforma. Sostuvo que la Convención modificó un artículo que no estaba habilitado por el Congreso Nacional para ser reformado y que, por ello, la Convención Reformadora, al establecer un límite temporal al mandato de los jueces, violó la Constitución Nacional.
Argumentó en su voto que las normas que rigen el proceso de reforma constitucional son de crucial importancia para la efectiva vigencia del sistema de derechos y libertades consagradas por nuestra ley suprema, ya que hacen a la estabilidad misma de dichas garantías. Entendió que el estricto apego a la declaración que efectúa el Congreso de la Nación respecto de la necesidad de la reforma es el único mecanismo existente para evitar que las convenciones constituyentes se conviertan en “Cajas de Pandora” e introduzcan temas no sometidos al debate público en forma previa a la elección de convencionales constituyentes. Este modo de entender las cuestiones en juego, por consiguiente, es el único que asegura la efectiva soberanía del pueblo de la nación.
Por otra parte, el juez Rosenkrantz se refirió al precedente “Fayt” (Fallos 322:1616), destacando que esta sentencia había tenido un pacífico cumplimiento por parte de todas las autoridades constituidas, independiente de su signo político, durante más de 20 años. Afirmó que en casos como el presente, donde se juzga la validez de una reforma constitucional, es preciso ser especialmente consistentes a lo largo del tiempo y ello demanda un respeto más riguroso hacia los precedentes de la Corte Suprema.