Se complica la situación de Rocío García, pareja de Máximo Kirchner, por las irregularidades en el programa Argentina Sonríe, que dirigió durante el gobierno de Cristina Fernández. La Justicia investiga presuntos desmanejos por $ 223 millones por el plan de salud bucal.
Ahora el juez Julián Ercolini puso la lupa en 41 vehículos que no sólo fueron comprados sin licitación, sino que muchos se desconocer dónde están.
El magistrado también pidió información sobre las personas que están autorizadas para manejar esos vehículos, entre los que figura Fernando Tutti, ex contador y mano derecha de Lázaro Báez.
En esta causa García está imputada por "defraudación a la administración pública” en la causa que se abrió tras la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña. En esta primera parte, buscan determinar cómo se adquirieron 41 vehículos, muchos de ellos que se acondicionaron como móviles sanitarios, indicó el diario Clarín.
Son diversas las irregularidades denunciadas alrededor de la adquisición de los vehículos sobre los que pidió información Ercolini. Se trata de 12 utilitarios/furgones; 8 minibús y 30 unidades tractoras, acondicionados para convertirse en "consultorios móviles". La operación se realizó a través de Nación Leasing para la compra de automóviles destinados al cumplimiento de objetivos institucionales.
El monto total de la inversión realizada para la compra de los rodados bajo la figura de leasing, ascendió a $79.942.914,99, y se habrían realizado “pagos por parte del Tesoro Nacional por $ 73.355.917,82”, según consta en la denuncia. Por tratarse de la adquisición de bienes bajo la modalidad de leasing (alquiler con opción de compra), los móviles fueron inscriptos en el Registro de la Propiedad Automotor a nombre de “Nación Leasing SA”. El Magistrado pidió al organismo que detalle a nombre de quién está inscripto realmente cada vehículo, toda su documentación y a su vez, quiénes son las personas autorizadas para manejarlos.