La Cámara Federal hizo una fuerte crítica este miércoles a la labor del juez Sebastián Casanello y del fiscal Federico Delgado por la instrucción de la causa conocida como 'Panamá Papers', en la que está imputado el presidente Mauricio Macri.
Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun cuestionaron la instrucción del caso por la la falta de "avances cualitativos" y advirtieron sobre "la confusión" que reina en el proceso.
"Tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como el juez han diversificado la pesquisa, a casi un año de su inicio sin avances cualitativos en lo que hace a la hipótesis inicial", sostuvieron los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal.
Las consideraciones de la Cámara se produjeron al revocar un fallo de Casanello que había aceptado como "amicus curiae", esto es amigos del tribunal, al senador nacional Fernando "Pino" Solanas y al abogado Alejandro Olmos, informó la agencia Noticias Argentinas.
El fallo de la Cámara se conoce días después de que trascendiera que la Unidad de Información Financiera (UIF) le informó a Casanello que "de las participaciones accionarias en las empresas" offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri "no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos".
En su fallo, el Tribunal hizo lugar a un pedido de los abogados de Franco Macri, padre del Presidente, quien fue involucrado en la investigación por lavado de dinero pues se sospecha que de él partieron los fondos para comprar una sociedad investigada en los Panamá Papers, tal el nombre de la investigación periodística que a nivel mundial dio a conocer documentos de la firma Mossack & Fonseca, encargada de abrir sociedades en paraisos fiscales.
El presidente Macri comenzó siendo investigado por omisión maliciosa de bienes al supuestamente no haber denunciado en sus declaraciones juradas su participación en sociedades offshore radicadas en Panamá y las Islas Bahamas, paraísos fiscales. Pero luego la investigación contra el jefe de Estado se extendió hacia el presunto delito de lavado de dinero.
El Tribunal sostuvo que existe una "falencia argumental" en la causa y que ello "no es más que el reflejo de la confusión que informa este proceso".
"A esta altura es de mencionar que sólo su particular método de llevar adelante esta causa -diverso al que se observa en otros procesos en los que interviene-, ha dejado sin norte la investigación", apuntó.
Y advirtió que "el esforzado intento del juez instructor por mostrarse equidistante derivó en su propio alejamiento del rol de director del proceso, coadyuvando de esa forma a la actual indefinición".
"La propia necesidad del fiscal de ´redefinir´ los límites -que actualmente giran en derredor de los contornos de un entramado societario desplegado mediante el recurso jurídico de las sociedades offshore en varios países- es su más fiel expresión", sostuvo.