El juez Daniel Rafecas aceptó a la Oficina Anticorrupción (OA) como querellante en la causa Hotesur, que investiga a la familia Kirchner por presuntas maniobras de lavado de dinero.
El organismo, encabezado por Laura Alonso, había subrayado la relevancia de que el Gobierno sea querellante porque se está investigando la "eventual responsabilidad de la expresidenta, del exministro de Justicia, Julio Alak y de otros funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ)".
La OA busca determinar por qué el Ministerio de Justicia, a cargo de Alak, hizo foco en las declaraciones juradas de Cristina Fernández de 2011 a 2013, período que coincide con el lapso en que la empresa Hotesur no presentó sus balances. En esos años la ex Presidente habría querido justificar un aumento de patrimonio con ingresos inexistentes o "autopréstamos".
"Cristina justificó parte de sus ingresos mediante créditos de esa firma, práctica que podría reducirse a una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado", expresó la OA.
En la presentación, el Gobierno destaca que en la causa se investiga la existencia de “relaciones aparentemente comerciales pero sustancialmente ilícitas que vincularon a Néstor y Cristina Kirchner con los empresarios Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Cristóbal López”. En todos los casos, "se trata del alquiler total o parcial de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea, y El Retorno a empresas que pertenecen o están vinculadas a empresarios beneficiarios de licitaciones de obra pública con fondos federales”, detalla el texto en alusión a Austral Construcciones S.A.
La investigación Hotesur apunta a supuestas maniobras de lavado de dinero vinculadas a las empresas hoteleras de los Kirchner. La causa quedó radicada de manera definitiva en la justicia porteña cuando vencieron los plazos para que los abogados de los acusados, uno de ellos de Lázaro Báez, pidan la intervención a la Corte Suprema para conseguir que sea tramitada en Santa Cruz.
El expediente, en rigor, no está en manos de Rafecas, porque a comienzos de año el juez dividió su investigación: él se quedó con el tramo vinculado a los contratos entre Aerolíneas Argentinas y Alto Calafate, y remitió parte del sumario a su colega Julián Ercolini. Pero como Ercolini no aceptó esa remisión parcial de la pesquisa, ahora será la Cámara Federal la que deba decidir en qué juzgado se tramitará esa investigación.
Alonso apuntó contra la IGJ, ya que, consideró, desde allí se le habría permitido a Hotesur SA "permanecer sin presentar sus balances de los años 2011 a 2013 y sin registrar ni un solo documento societario en orden a la integración de sus órganos de dirección y demás autoridades desde 2009 a 2013 inclusive".
Según el organismo, el hecho de que la ex presidenta haya mencionado en sus declaraciones juradas varios préstamos con Hotesur podría indicar que estamos frente a "una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado".
La OA focalizó sus sospechas sobre "omisiones e inconsistencias" en las declaraciones juradas con respecto a "cuatro inmuebles y dos locales en Río Gallegos, y seis terrenos y dos locales en El Calafate y una deuda con Hotesur".
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En su escrito, Alonso también subrayó las "relaciones aparentemente comerciales, pero sustancialmente ilícitas --según se denunció- que vincularon a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner con los empresarios Lázaro Báez , Juan Carlos Relats y Cristóbal López".
"En todos los casos, con sus particularidades, se trata del alquiler total o parcial de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea y El Retorno a empresas que pertenecen o están vinculadas a empresarios beneficiarios de licitaciones de obra pública con fondos federales", añadió.