Elena Highton de Nolasco, la jueza de la Corte Suprema propuesta por Néstor Kirchner pretendía seguir los pasos de Carlos Fayt y de Enrique Petracchi y permanecer en el máximo tribunal ya superados sus 75 años, el límite que pone la Constitución Nacional. Considerando que la Carta Magna contiene una inconstitucionalidad en ese artículo, presentó un amparo para que se declare nulo el tope de edad. El Gobierno negó esa interpretación, pero el tema es más complejo y tiene que ver con la disputa políticas en el Congreso y acuerdos previos entre el oficialismo y la oposición peronista. Consciente o no de la objeción del peronismo en el Senado, Highton sorprendió al Gobierno con el amparo que obligó al pronunciamiento del Ministerio de Justicia. A continuación un repaso sobre el tema en los principales medios.
Hernán Cappiello en el diario La Nación:
Una alta fuente del Gobierno aseguró ayer: "No buscamos la salida de Highton de Nolasco del tribunal, estamos cómodos con la jueza". Y explicaron que en el escrito se oponen a que sea declarado inconstitucional un artículo de la Constitución nacional, y por eso sus reparos a lo que pretende la magistrada.
Indicaron que no pretenden alterar la conformación del tribunal, en el cual el presidente Mauricio Macri ya designó jueces a Carlos Rosenkrantz, un jurista de origen radical, y Horacio Rosatti, ex constituyente y ex ministro de Justicia de extracción peronista. Con esta conformación, la Corte quedó integrada y Ricardo Lorenzetti fue ratificado como su presidente e interlocutor con el Gobierno en temas institucionales.
En la Corte dijeron que no tienen una lectura sobre el asunto, que la ministra Highton indicó que el caso transite por los carriles legales y prefirieron no hacer otros comentarios sobre el tema.
Joaquín Morales solá agrega también en La Nación este miércoles (8/2):
La sublevación de Elena Highton de Nolasco fue sorpresiva para la política y para la propia Corte Suprema de Justicia, que ella integra. Nunca la jueza había mostrado intención de cuestionar el artículo de la Constitución que ordena la jubilación de los jueces a la edad de 75 años.
No es cierto que Highton de Nolasco haya estado convencida siempre de la inconstitucionalidad del artículo que la obliga a renunciar en diciembre próximo. Antes, conversó con funcionarios del gobierno de Macri para pedirles que le requirieran al Senado un nuevo acuerdo para ella por cinco años, posibilidad que prevé la Constitución de 1994. El Gobierno consultó con el bloque peronista del Senado, el único que está en condiciones de avalar la designación de un juez de la Corte. "El pliego de esa señora no entrará por la puerta del Senado", fue la respuesta, seca y lacónica, del presidente del bloque justicialista, Miguel Pichetto. El Gobierno le hizo saber a Highton de Nolasco que había un escollo insalvable y le contó cuál era. La jueza puso mala cara, pero no adelantó que se presentaría ante la Justicia para reclamarle que le apliquen al artículo constitucional sobre la edad de los jueces, también en el caso de ella, la calificación de "nulo de nulidad absoluta". Con todo, Highton de Nolasco nunca pidió formalmente al Ministerio de Justicia una prórroga de su acuerdo, que es lo que esa cartera resaltó cuando planteó ante el juez Enrique Lavié Pico su negativa a convalidar la cautelar.
Los peronistas aspiran a nombrar un juez propuesto por ellos en la vacante que dejará Highton de Nolasco. Cuando ese bloque aceptó darles el acuerdo a los jueces Rosatti y Rosenkrantz (designados en comisión por Macri, aunque nunca asumieron hasta contar con el acuerdo senatorial), planteó que sería el peronismo quien nombraría al siguiente juez de la Corte.
No deja de extrañar, de todos modos, que durante doce años Highton de Nolasco no haya percibido que la Constitución tenía un artículo inconstitucional (lo cual es por sí mismo un oxímoron).
El Gobierno pretende que el tema sea resuelto por la Justicia y, en principio, contrariamente a lo malinterpretado ayer, no vería mal que Highton siguiera en la Corte. Lo que sucede es que la reforma constitucional de 1994 puso el límite de 75 años y obliga a los jueces que superen esa edad a obtener un nuevo acuerdo del Senado.
Fuentes judiciales dijeron creer que Highton sospecha que no reuniría los votos necesarios en la Cámara alta. Y que por eso inició el amparo, como lo hicieron otros magistrados que alcanzaron esa edad. Tres de esos casos se encuentran hace un buen tiempo en la propia Corte y todavía sin resolución.
El argumento jurídico de Highton fue atacar directamente la cláusula de la reforma y que se la declare inconstitucional porque afecta la "inamovilidad" de los jueces, garantizada desde 1853 por la Constitución.
En el Gobierno no sólo quieren una pronta resolución de este caso sino que la propia Corte tome cartas en el asunto con los otros tres expedientes que ya tiene. La nueva administración macrista había heredado una Corte de sólo tres miembros -cuando debieran ser cinco- y, tras algún tropiezo, logró integrar nuevamente de manera completa el tribunal a mediados del año pasado con la aprobación de los acuerdos dados por el Senado a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.