El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una persecución contra los conductores que utilizan la aplicación móvil de Uber. De este modo, el conflicto de Uber con la justicia porteña se agudiza y llega a Estados Unidos, a través de esta denuncia de la ONG.
"Los hechos que motivan esta solicitud son la persecución pública y privada en contra de los propuestos beneficiarios, hombres y mujeres que utilizan la plataforma de Uber como conductores para ejercer su derecho a trabajar y ganarse la vida. Estas personas han sido y son actualmente perseguidas por el Estado y por terceros no estatales con aquiescencia, o al menos negligencia, estatal", afirman en la presentación.
Aseguran que en numerosos casos, quienes quieren usar la aplicación móvil como conductores han sido atacados por personas "relacionadas presuntamente con el gremio de taxistas; han sido amenazadas; sus autos han sido incendiados; han sido engañados y emboscados por pasajeros 'infiltrados' que los conducían a donde los esperaba o la policía para detenerlos o una patota para ejercer en su contra actos de suma violencia – como por ejemplo, martillar los dedos de un conductor y amenazarlo de muerte. Las declaraciones que acompañamos son múltiples y diversas".
"La respuesta del Estado ha brillado por su ausencia. En ningún caso protegió a las víctimas, sino que amparó a los atacantes. El Fiscal Lapadú amedrentó a los conductores con la cárcel, los comparó con traficantes de drogas y de personas, y allanó sus casas y las de sus familias", agrega la presentación.
Es por ello que, argumentan, "acudimos a la tutela interamericana de los derechos de los propuestos beneficiarios. Si no es posible encontrar protección en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, no podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados y es por eso que recurrimos a la honorable Comisión como última instancia".
Y cuestiona en duros términos al fiscal: "la persecución estatal activa se verifica en particular a través del fiscal Martín Lapadú, autoridad que se comporta de manera arbitraria y parcial, amenazando de manera pública con encarcelar a los beneficiarios o allanando sus casas y bienes sin fundamento alguno. La negligencia – que genera responsabilidad estatal pública internacional por omisión – se produce al permitir el Estado que terceros – sujetos privados, vinculados presuntamente con los sindicatos y gremios de taxistas – ejerzan violencia física severa en contra de los propuestos beneficiarios, así como hostigamientos permanentes".
"La persecución pública y privada debe cesar", afirman.