Tras el pedido realizado en septiembre pasado por la Oficina Anticorrupción (OA), el juez federal Claudio Bonadio dispuso este jueves (10/11) la elevación a juicio oral de la causa Qunita, en la que están procesados el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ex ministro de Salud, Daniel Gollán, entre otros.
En el fallo, según publica Infobae, Bonadio señaló que "son numerosas las pruebas reunidas en este sentido y valoradas en cada uno de los requerimientos que permiten sospechar la existencia de precios abultados intencionalmente, y que habilitan sin lugar a dudas el paso de esta investigación a la siguiente etapa".
Además de Gollán y Aníbal Fernández, la justicia investiga a numerosos empresarios (un total de 18 procesados), acusados de participar de una licitación donde "se adjudicó la contratación a un precio excesivo e injustificado"a seis firmas de manera"direccionada".
En junio pasado, Bonadio dio por cerrada la etapa de investigación y abrió el camino para el juicio oral del ex jefe de Gabinete por supuesta defraudación en la compra de kits para recién nacidos, conocida como plan Qunita. En tanto, el magistrado sobreseyó al ex ministro de Salud nacional y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur (ver nota relacionada).
Fernández y Gollán están procesados por "fraude en perjuicio de la administración pública", "abuso de autoridad" y"violación de los deberes de funcionario". En la causa se investigaron las licitaciones direccionadas y el pago de sobreprecios por los 140 mil kits, merced a una denuncia presentada por la legisladora Graciela Ocaña.
Recordemos que las licitaciones para el plan Qunita comenzaron cuando Manzur era ministro de Salud y terminaron en la gestión de quien fue su sucesor, Daniel Gollán. La conclusión de los trámites llevó la firma de Aníbal Fernández.
Ocaña inició la causa del Plan Qunita con una denuncia a partir de lo publicado por el sitio Eliminando Variables y así comenzó la investigación judicial.
La firma Fasano (sin actividad en el rubro de las cunas y artículos para bebés) fue favorecida con un contrato de 903 millones de pesos para proveer de 115.000 de los 140.000 kits que contempla el programa Qunita.
La empresa Fasano, que se quedó con la mayor parte del negocio, fue la que más caro cobró cada kit al Estado: 7850 pesos. Los integrantes de las otras firmas que se favorecieron con el contrato –Delta Obras y Proyectos, Compañía Comercial Narciso, Grupo Diela SRL, Dromotech, y Fibromad también están entre los acusados.
Además de las irregularidades en las licitaciones, el Ministerio de Salud de la Nación suspendió la entrega de los kits a raíz de un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre la seguridad de las cunas y bolsas de dormir. Según se pudo determinar, esos elementos presentaban bordes afilados peligrosos para los bebés, la distancia entre los barrotes de la cuna no eran adecuadas, tampoco la flexibilidad del material, las cintas que sujetan los extremos de la estructura eran deficientes y podrían romperse, además no se aprobaron las normas de embalaje con instrucciones para advertir los peligros de asfixia. En definitiva, para el ministerio de Salud, se ponía “en riesgo la vida de los recién nacidos”.