Alberto Pérez, ex jefe de Gabinete de Ministros durante el gobierno de Daniel Scioli, prestó declaración indagatoria este lunes (07/11) ante la Justicia de La Plata como imputado de presuntas maniobras destinadas a “encubrir gastos” que eran autorizados con su firma, y que incluyen 25 hechos por $10.720.347 en perjuicio de la administración pública.
Ante el fiscal penal Álvaro Garganta, el ex funcionario sciolista admitió haber firmado el pago de esas facturas, pero aseguró que no sabía que eran apócrifas. Y le pasó la pelota al ex director de Administración, Walter Carbone, ya que estos trámites irregulares estuvieron a su cargo.
Cabe destacar que la justicia encontró documentación que acredita que se utilizaron facturas falsas de servicios no cumplidos para justificar el retiro de dinero efectivo de la partida gastos de la Jefatura de Gabinete en 2015. La Justicia busca determinar cuál fue el destino de 20 mil millones que el gobierno de la provincia de Buenos Aires extrajo en efectivo de cuentas públicas del Banco Provincia. Los movimientos se hicieron en 2014 y 2015.
Carbone -quien cobró 'fama' cuando la Justicia descubrió una caja fuerte escondida dentro de una escultura de un dragón en el jardín de su mansión en el exclusivo country “Abril”- deberá declarar este miércoles.
“Quiero dejar claro que hacía a la función del Jefe de Gabinete ser el autorizante de dichas resoluciones, y que eso se hacía dentro del marco de legalidad, que establece la ley 10.189 en su artículo 40 y en el Decreto que lo regula. Era el área Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, las que tenía las misiones y funciones, para llevar adelante, el trámite que hacía a la posible realización de los eventos, y era la que contaba con las personas idóneas, para llevar adelante dichos trámites”, sostuvo el exfuncionario.
“El hecho de que el pago fuese en efectivo, es propio del régimen establecido en el artículo 78 de la ley de Administración Financiera, y en su decreto Reglamentario. Para la realización de los eventos en cuestión, se utilizaba la normativa ya descripta, y es la única normativa, que posibilita la realización en tiempo y forma, de estos eventos, y repito que es una legislación de larga data y aún vigente en la provincia. Que el artículo 40 de la Ley 10.189 y en el Decreto 288/07, queda claramente determinado, que se establece un régimen especial, que posibilita la realización en tiempo y forma, de los gastos que generaban los eventos en cuestión, y que no contiene regulaciones adicionales, como las que si contiene el régimen contractual vigente, en su carácter de régimen general”, agregó.
En este sentido, sobre quién era el responsable de la ejecución del gasto de los eventos señaló: “El que estamos analizando no es un modo ordinario de contratación, sino que es un régimen especial, normado por las leyes ya señaladas. Y este régimen, establece que la orden de pago es a favor del subresponsable de la ejecución del gasto, tal cual establece el Decreto Reglamentario del artículo 78 de la ley de Administración Financiera, en su inciso “D””.
Entonces, el fiscal le preguntó quién era el subresponsable de la ejecución del gasto, a lo cual Pérez contestó que “es a quien se libra la orden de pago, y eso consta en cada resolución, tal cual lo establece el Decreto reglamentario del art. 78 de la ley de Administración Financiera en su inciso "D". En relación a la cita efectuada en la imputación de la relatora del Tribunal de Cuentas sobre la imposibilidad de pago en efectivo, considero que existe una interpretación errónea de la norma, porque el artículo 75 rige para el régimen general, y no es aplicable a estos casos sujetos a investigación, que se rigen por el articulo 78 de la ley de Administración Financiara”.
Según trascendió, las facturas habrían sido firmadas por Walter Carbone, a quien Pérez apunta como el “subresponsable de la ejecución del pago".
Pérez y Carbone fueron imputados por "peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", luego de una denuncia presentada por la diputada Elisa Carrió.
Recordemos que cuando se realizó el allanamiento en el que se descubrió la caja fuerte dentro del dragón -que según Carbone era para guardar los elementos de la piscina (aunque estaba blindada)- Pérez salió en defensa del ex funcionario. “Pongo las manos en el fuego por Carbone", dijo entonces (ver nota relacionada).