La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó al suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, por el delito de encubrimiento agravado de un delito especialmente grave: el tráfico transacional de estupefacientes.
También procesó a los colaboradores de Novo: sus adjuntos Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro, y las secretarias Melisa Rey y Mariana Busse.
El protegido de la procuradora Falbo, está acusado de encubrimiento agravado en la investigación de los asesinatos de dos ciudadanos colombianos acribillados en shopping Unicenter, de Martínez
La jueza Sandra Arroyo Salgado procesó hoy al suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, acusado de encubrimiento agravado de un delito grave en el marco de una investigación de los asesinatos de dos ciudadanos colombianos acribillados en shopping Unicenter, de Martínez.
Novo es un funcionario judicial protegido por la titular de la Procuración de la Corte Provincial, María del Carmen Falbo. Fue ella quien cajoneó durante más de cinco años una denuncia efectuada por 13 de los 46 fiscales de primera instancia en donde se lo acusaba de haber ejercido desde su cargo un fuerte “abuso psicológico” y “violencia laboral” y reclamaban su juicio político.
La principal hipótesis es que Novo habría desplegado una serie de artimañas con el fin de impedir que se relacione con los asesinatos de los colombianos a Gustavo Juliá, hijo de un exjefe de la Fuerza Aérea del menemismo.
La causa había comenzado después de una denuncia presentada por el fiscal de instrucción de San Fernando, dependiente de la Fiscalía General de San Isidro. Angelini tenía a su cargo la la investigación de los homicidios de Héctor Edilson Duque Ceballos, alias "Monoteto", y Jorge Quintero Gartner, ocurridos en julio de 2008 en una de las playas de estacionamiento del shopping Unicenter, en Martínez, y de Juan Sebastián Galvis Ramírez, ejecutado frente a un negocio de venta de jet skis en San Fernando, en febrero de 2009.
Angelini sostuvo que Novo entorpeció sus investigaciones una vez que apareció en ella el nombre de Gustavo Juliá, el empresario que fue condenado en Barcelona en 2012 por el tráfico de una tonelada de cocaína en un lujoso jet.
La instrucción de la causa está a cargo del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, que un dictamen había solicitado el procesamiento de los imputados.
La hipótesis del representante del Ministerio Público fue que los acusados le dieron cobertura a "la narcocriminalidad que conforma el contexto y motivo de los crímenes de los ciudadanos colombianos y su vinculación con la actividad de narcotráfico de los hermanos Juliá detectada en España".
En la causa contra Novo declaró como testigo la diputada Elisa Carrió, que en su momento dijo: "Es evidente que el Frente Renovador no quiere que avance esta causa por la estrecha relación entre Novo y Sergio Massa".
Carrió sostuvo: "Gran triunfo sobre la justicia corrupta de la provincia de Buenos Aires".