La Oficina Anticorrupción (OA) acaba de ser aceptada como parte querellante en la causa que investiga las maniobras de lavado de dinero conocida como "la ruta del dinero K". Pero, aún más importante, es que el juez Sebastián Casanello avaló implícitamente el argumento del organismo que conduce Laura Alonso acerca de que la plata supuestamente lavada habría sido obtenida a partir de sobreprecios en la contratación de obras públicas. Esto, sin dudas, podría perjudicar a Cristina Fernández y ex funcionarios K.
Casanello investiga la responsabilidad de Lázaro Báez y otros imputados en una maniobra para sacar del país y reingresar al circuito financiero formal grandes sumas de dinero no declaradas provenientes de actividades delictivas.
Cuando se presentó como querellante, la OA planteó que a través del Ministerio de Planificación se digitó obra pública con sobreprecios, y que además el Estado pagó adelantos no justificados que eran destinados a "retornos". Esos motivos justificaban que ahora el Estado pretenda participar de la investigación. Además, la OA remarcó la necesidad de recuperar el dinero perteneciente al Estado.
En la resolución de hoy, el juez destaca que "corresponde admitir el ejercicio de la acusación privada por parte de la Oficina Anticorrupción -en los términos del Art. 82 del Código Procesal Penal de la Nación. En todos los casos de naturaleza criminal en que se persiga el esclarecimiento de hechos en que se vea perjudicado el patrimonio del Estado y respecto de las conductas concordantes abarcadas por la Convención Interamericana contra la Corrupción".