A través de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa Hotesur, el gobierno pidió que Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner, junto a Lázaro Báez y otros quince acusados vayan a juicio oral en dicho expediente, donde se investigó una estructura de lavado de dinero a través del negocio hotelero.
Según publica Clarín, la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso, solicitará lo mismo en los próximos días.
El pedido de la UIF busca acelerar el tramo final del expediente que investigó los negocios celebrados a través de Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate) y empresas del Grupo Austral, propiedad de Báez, como también la administración en los últimos años a cargo de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner.
Después del requerimiento de elevación presentado por los fiscales de la causa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el juez Julián Ercolini recibió este pedido de la UIF. Según Clarín, cuando la OA realice la correspondiente presentación, el magistrado mandaría a juicio a la ex Presidente.
Los responsables de la UIF, María Eugenia Talerico y Mariano Federici pidieron que la causa avance hacia la próxima instancia. Para el organismo antilavado la causa es parte de un contexto general donde se investiga en diversas causas, "una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público", expresa el escrito.
Por este motivo, sostuvieron que las causas se encuentran vinculadas, ante la existencia de una "organización criminal" que tuvo la finalidad de "sustraer y apoderarse del dinero de las arcas públicas" y que la causa Hotesur SA "no se despliega en soledad, sino que forma parte de un grupo de investigaciones" en las que Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que direccionó obra pública a favor de Báez, como causa madre de otras maniobras de lavado.
Se estableció así, "un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades", algo que se investigó en Los Sauces SA (otra causa por lavado).
La hipótesis que investigaron los fiscales Pollicita y Mahiques es que los ex presidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito.
Al pedir la elevación, la UIF coincidió con la fiscalía, que planteó que en la causa Hotesur se "dio por corroborada la maniobra por la cual la asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional —a través de la obra pública vial—, a los ex presidentes y a su núcleo familiar por medio de un esquema de lavado de dinero montado en base a la actividad hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Hotesur S.A".
En esta instancia, se señaló que "la puesta en marcha y concreción de una estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de doce años", le permitió a los principales acusados "sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos" y esos fondos "iniciaron un camino de retorno a través de distintos mecanismos de lavado de dinero a favor de la familia Kirchner".