La "peregrinación argentina" hasta el guiño de Trump a los tiempos del juicio

 

La Corte de Estados Unidos debe decidir si la demanda de un fondo buitre por la estatización de la petrolera YPF debe continuar su proceso allí o trasladarse a Buenos Aires, como reclama en Gobierno de Mauricio Macri, que busca llevar el juicio a la Argentina para resolver a través de la justicia local la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y la capacidad de entablar el juicio.

 

Pero esa Corte optó por pedir a un "solicitor general" (abogado general) del gobierno de Donald Trump, que emita su opinión sobre el tema antes de decidir sobre el caso. Si bien la opinión de Estados Unidos no es vinculante, se estima que será favorable dada la buena sintonía que mantiene la administración estadounidense con el gobierno de Mauricio Macri. Además, desde la Procuraduría ven como positivo que no le haya impuesto un plazo a Estados Unidos para presentar este escrito.

 

Cuando tenga esa opinión en la mano, la Corte decidirá finalmente la jurisdicción sobre una causa que no es menor.

 

Según detalló 'Ambito Financiero', "la causa suma ya un monto de aproximadamente 1.450 millones de dólares, los que sumado a los intereses más otros casos conexos que se sumarían luego del fallo definitivo podrían demandarle al país el pago de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. El monto final dependerá de la resolución de la jueza de primera instancia Loretta Preska (sucesora de Thomas Griesa) y del resultado definitivo que tome la magistrada en el caso de que la Corte falle en contra de la Argentina".

 

"El “solicitor” depende del Gobierno de Donald Trump y la Corte no le reclama tiempos límites para que emita su opinión, con lo que este podría tomarse un muy largo rato antes de expresar su visión sobre el pedido de la Argentina de mudar la causa a los tribunales argentinos. Se estima que en tiempos lánguidos, el “solicitor” podría demorarse hasta 8 meses antes de enviar su escrito a la Corte. Lo positivo del caso, para los intereses nacionales, es que la muy buena relación bilateral entre los gobiernos de Trump y de Mauricio Macri podría jugar a favor y demorar al máximo posible el envío de la opinión del Gobierno federal. Si bien los tiempos no están determinados legalmente, lo cierto es que esta petición haría el tramite todo lo lento que quiera el propio “solicitor”, salvando al país de un eventual pago, al menos durante todo 2019. Lo malo del caso es que si la sentencia final es negativa para el país, los intereses seguirán corriendo y la resolución del caso será aún más onerosa para la Argentina. En tiempos de tasas de interés extravagantes por un riesgo-país por encima de los 700 puntos, lo mejor que le podía pasar hoy al Gobierno nacional es no tener que salir a captar fondos para liquidar en este juicio. Habrá que esperar mejores tiempos financieros en 2020", publica el matutino.

 

El diario 'La Nación' afirma que el falló se logró luego del "peregrinar de los abogados argentinos por distintos países y una visita a Washington; una referencia directa del presidente Mauricio Macri a Donald Trump sobre el tema antes de la cumbre del G20 , el cambio de estrategia legal y un rápido golpe de timón para cambiar a un bufete norteamericano por otro. Son algunos de los movimientos que dio el gobierno argentino para obtener un guiño por parte de la Justicia de Estados Unidos en el marco del juicio más caro que enfrenta la Argentina (...). "El procurador es invitado a presentar un informe en estos casos expresando la mirada de los Estados Unidos", es la expresión textual que usó el tribunal."

 

 

Se extiende luego sobre la peregrinación argentina: "ese camino comenzó hace varios meses, cuando el equipo de abogados del Estado, bajo el comando del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, iniciaron un raid de reuniones, contactos y presentaciones que los condujo por lugares diversos. En una de las estaciones más resonantes de ese derrotero figura una conversación entre Macri y Trump, en la que el argentino hizo referencia al tema.

 

Por lo bajo hubo un trabajo menos visible. El equipo de abogados del Estado consiguió que Chile y México se presentaran ante la Justicia norteamericana como amicus curiae (amigo de una de las partes), un término que se hizo conocido en el país tras el conflicto con los holdouts, para orientar la discusión hacia el terreno que abona la posición argentina.

 

También se realizaron viajes a Estados Unidos y hubo contactos con los abogados de Trump, que para sorpresa de los argentinos conocían con alto grado de detalle la demanda. Eso se debe a que las normas del país del Norte protegen las decisiones

soberanas. Aunque el Gobierno no esté de acuerdo con la manera en que se hizo la estatización, defenderán que fue una determinación que podría tomar la Casa Rosada.

 

Los abogados argentinos consideran que la buena relación entre Trump y Mauricio Macri puede tallar a favor del país en la opinión que aporten los asesores de la Casa Blanca a la Corte. Es el paso previo a dar sentencia.

 

La Casa Rosada cree que la decisión es buena para el país por diversos motivos. En primer término, demuestra la importancia del caso, porque de otro modo se hubiera rechazado el pedido. Además, es muy infrecuente que la Corte haga este tipo de convocatorias. Aunque no es vinculante, la opinión del "Solicitor General", como se dice en inglés, es tenida en cuenta especialmente por el tribunal."

 

Como fuere, el Gobierno celebró la decisión. Lo hizo sí, demasiado pronto. "El fallo es inmejorable y cambia todo", expresaron desde el Gobierno. "Pero estamos en un proceso y falta que dictamine el Solicitor General y la Corte falle", comentaron cerca del presidente Mauricio Macri.

 

Desde Casa Rosada consideran que en junio se tendrán más novedades, que el procurador estadounidense puede avalar la posición argentina y esperan que pese la relación de Macri con el presidente Donald Trump, según afirma el diario 'El Cronista', que hace un breve punteo con las 4 razones de esta "alegría": 

 

1) "Demuestra la importancia del caso; de otro modo, se hubiera rechazado de plano;

 

2) la Corte rara vez realiza esta convocatoria; debe destacarse que el Estado Americano sólo interviene bajo esta invitación

especial de la Corte”;

 

3) Aún cuando no es vinculante, la opinión del Solicitor General es tenida en cuenta especialmente por la Corte; 

 

4) Es una mala noticia para los demandantes, que esperaban un rechazo de plano para avanzar con el litigio. En definitiva,

es un paso que deja a la Argentina mejor posicionada en cuanto a las posibilidades del recurso ante la Corte".

 

Sin embargo, según 'Ambito Financiero', el guiño de Washington "no necesariamente implica una señal positiva para el país en cuanto a la resolución final del caso. Recuerda el especialista Sebastian Maril, que “cada vez que la Corte Suprema EE.UU. pidió opinión del Gobierno de los EE.UU., terminó siendo favorable a intereses argentinos y aceptó el caso” pero que sin embargo “el fallo final terminó siendo contra la Argentina”."

 

Y recuerda el último ejemplo "muy negativo" para el país: "la causa contra los fondos buitre, donde la Corte Suprema también solicitó en 2014 su opinión al entonces gobierno de Barack Obama, que tenía una mala relación con el de Cristina de Kirchner, pero igualmente recomendó que se escuchara la versión oficial de la Argentina y la Corte tomara el caso. Finalmente el máximo tribunal lo rechazó y la causa volvió directamente al juzgado de Thomas Griesa quedando firme el fallo a favor de los fondos buitre".