El fiscal de Casación y militante del colectivo K 'Justicia Legítima', Javier de Luca intenta que la Corte Suprema revierta el fallo que archivó la causa de las escuchas ilegales en la que fue procesado y luego sobreseído el presidente Mauricio Macri.
De Luca presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal luego de que Casación ratificara días atrás el archivo del caso al rechazar los planteos del fiscal, informó la agencia NA.
A principios de octubre pasado, el máximo tribunal penal del país declaró la “nulidad” de gran parte de la investigación porque entendió que tratándose de un delito de “instancia privada” la intervención del Ministerio Público Fiscal era incorrecta.
Entonces, todo lo que tenía que ver con las interceptaciones ilegales de comunicaciones debió ser impulsada judicialmente por los presuntos damnificados, pero sin intervención de un fiscal. Así, el expediente quedó reducido a una expresión muy mínima y cayeron el grueso de las imputaciones. Uno de los principales acusados era el exjefe de la Policía Metropolitana Jorge 'Fino' Palacios, cuya situación debía dirimirse en un juicio oral, hasta que la causa fue archivada.
El fiscal De Luca apeló aquella decisión y planteó su “nulidad por apartamiento de los hechos acreditados en la causa y del derecho aplicable y por falta de fundamentación”. Sostuvo que “el archivo de la causa por el delito de interceptación indebida de las comunicaciones implicó un sobreseimiento encubierto” y recordó que “El Fino” Palacios “sólo había objetado la prescripción de la acción penal”. Dicho de otro modo: la Casación había resuelto una cuestión que ni el propio acusado había planteado.
Además –entendió el fiscal- mal podía limitarse el impulso de la acción penal a la “instancia privada” porque “los hechos habían afectado el normal funcionamiento de un organismo nacional (Observaciones Judiciales de SIDE)”. Y señaló: “Los funcionarios públicos involucrados se valieron de datos falsos para promover una investigación ante la justicia de Misiones, lo que afectó el correcto funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia Federal y del servicio de justicia de esa provincia”.
Pero los camaristas Carlos Mahiques, Eduardo Riggi y Liliana Catucci replicaron que sí se había planteado la nulidad de la causa. “De la mera lectura del recurso de casación presentado por la defensa de Jorge Alberto Palacios se desprende el agravio de la nulidad absoluta de lo actuado por la investigación oficiosa de delitos de acción privada, razón por la cual fue atendido por mayoría, en el pronunciamiento apelado”, señalaron. La respuesta le trasladó la responsabilidad a De Luca: “No puede el fiscal recurrente cimentar en su propio descuido una afectación al derecho de defensa”.
La Cámara ratificó el archivo de la causa y descartó la apelación del fiscal porque “basa su impugnación en su mera invocación y en juicios distintos al criterio adoptado por este Tribunal”.
Macri, que había sido procesado por el entonces juez Norberto Oyarbide, con ratificación de la Cámara Federal, fue luego sobreseído por Sebastián Casanello, cuando este se quedó con la causa, poco después de que asumiera la Presidencia de la Nación, en diciembre de 2015.
El fallo de Casanello afirmaba que correspondía "desvincular definitivamente a Mauricio Macri" de esta investigación. Sostuvo que no había "siquiera una prueba directa" que acreditara que Macri había ordenado escuchar a su cuñado, Néstor Leonardo ni al opositor Sergio Burstein. Tampoco, para "adjudicarle formar parte de unas asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino".
El resto de la causa fue anulado en octubre último.