El juez federal Ariel Lijo aceptó el pedido del fiscal federal Ramiro González de librar exhortos a Arabia Saudita y Yemen para saber si existen procesos judiciales contra el príncipe Mohammed Bin Salman por presunta violación a los derechos humanos. El miembro Real llegó este martes a la Argentina para participar de la Cumbre de Líderes del G20.
Según informó el canal C5N, el juez solicitó a la Cancillería que informe el estatus y las condiciones diplomáticas que fueron dispuestas para la Cumbre, de acuerdo a las convenciones internacionales vigentes; que libre exhortos a Turquía, Yemen y a la Corte Penal Internacional de La Haya para determinar si existen procesos en trámite por los hechos denunciados por la ONG Human Right Watch.
Lijo también le pidió a dicha organización que dé precisiones sobre sus acusaciones, que incluyen el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
El fiscal González evalúa en el dictamen presentado ante el juez que podría ser competencia originaria de la Corte Suprema la denuncia presentada por Human Rights Watch.
La decisión de Lijo implica cumplir con los pasos legales concernientes.
Además, González sugirió que, en caso de que no se lo haya investigado en esos países, se aplique el criterio de justicia universal que establece que si a una persona no se lo investigó por violación a los derechos humanos en su país sí lo puede hacer otro Estado. Y propuso que sea la Corte Suprema la que determine si asume la competencia originaria del caso o delega en la Justicia Federal la posible investigación sobre el príncipe.
En las últimas horas, la ONG Humans Right Watch (HRW) hizo una presentación ante la Justicia Federal argentina para que investigue la participación de Mohamed bin Salman en el crimen del periodista saudí asesinado en Estambul, Jamal Khashoggi, y violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra ocurridos en Yemen desde 2015.
La organización respaldó su denuncia en la Constitución Nacional, que reconoce la “jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas”. Además, subrayó la falta de investigaciones por parte de la justicia saudita como consecuencia de que las autoridades están dominadas por el poder gubernamental. Al Príncipe, también se lo acusa por la torturas de activistas feministas detenidas en mayo del 2018.
El abogado, Reed Brody, de la organización dijo en conversación con TN que no pueden denunciar al mandatario en su país porque “tiene todo bajo control” y que la Argentina es un país democrático que incorporó los tratados de derechos humanos “lo que lo obliga a abrir una investigación”. Y agregó que desde el momento en el que el príncipe llegó a la Argentina “compete que lo indaguen sobre el rol que le atribuyen en diferentes crímenes”. “Nuestra denuncia es en respuesta al espectáculo de torturadores que se cubren de inmunidad en sus propios países”, concluyó.