Luego de que el fiscal Álvaro Garganta pidiera este viernes (19/10) que vaya a juicio oral por diversas irregularidades y negociados durante su gestión, Daniel Scioli se defendió, a través de sus abogados, y expresó que "el pedido de elevación a juicio no es más que una de las instancias del proceso, y se encuentra sujeto a la revisión por las restantes partes, a resolución del Juez interviniente, y sometido todo a posteriores y eventuales recursos y nulidades que podrían presentarse".
Los letrados Alfredo J. M. Gascón y Miguel Ángel Molina afirmaron que la solicitud del fiscal "resulta, a nuestro juicio, básicamente arbitraria y con manifiesta falta de objetividad, ya que no se ajusta a la prueba producida en la investigación".
Y agregaron que "en cuanto a nuestro defendido, a nuestro turno pediremos el sobreseimiento, por entender que es muy grave que se lo pretenda enjuiciar por sospechas o suposiciones infundadas".
"Nuestro defendido no ha cometido delito alguno, tal como lo demuestran las pruebas producidas en la causa; en especial aquellas que acreditan claramente que en ningún momento existió conducta ilícita alguna. Es decir, no hubo negociaciones incompatibles, ni influencia indebida ni ningún otro hecho con relevancia penal", indican los abogados.
"Las Unidades de Pronta Atención (UPAs) absurdamente cuestionadas fueron completamente instaladas y contratadas conforme a los procedimientos legales, avaladas por todos los organismos de contralor previstos en la Constitución bonaerense e incluso internacionales, confirmándose en sede judicial que no existió perjuicio alguno al fisco provincial", finaliza la presentación de los abogados Defensores de Daniel Scioli.
El fiscal Garganta hizo lugar al requerimiento para elevar un tramo de la causa en la que están acusados el ex mandatario bonaerense, su ex ministro de Salud Alejandro Collia, su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez -entre otros ex funcionarios- y el empresario Ricardo Miller.
Según fuentes judiciales, son cinco casos distintos dentro de la megacausa iniciada por Elisa Carrió. Ahora, la decisión quedó en manos de la jueza de Garantías Marcela Garmendia.
El primer caso involucra la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli. La Justicia determinó que muchas de las empresas convocadas para concursar no estaban inscriptas en el Registro de Proveedor o directamente se dedicaban a otro rubro. Todo con el fin de direccionar la contratación a favor de Miller.
Además también figuran los negociados en Aguas de Buenos Aires y en IOMA.