El fiscal de Cámara, Germán Moldes, desistió del recurso que había presentado el fiscal del caso, Carlos Rívolo, quien había pedido -por cuarta vez- que se anule el sobreseimiento de Amado Boudou en la causa por dádivas. Y ahora, a diferencia de las veces anteriores, Moldes coincidió con el juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, y determinó que por la pena prevista para el delito, el plazo de prescripción era de dos años y está vencido.
El fiscal de cámara afirmó que el plazo empezó a correr cuando Boudou dejó su último cargo público (estuvo en el directorio de la Anses hasta febrero de 2016), según publica La Nación. Y de este modo, el caso ya no puede reabrirse.
La acusación contra Boudou era por dos viajes que hizo como vicepresidente para asistir a un acto institucional: un vuelo ida y vuelta Buenos Aires-Necochea y un traslado en helicóptero de seis minutos, ese mismo día, dentro de Necochea con Horacio Tellechea, que en ese momento era el intendente.
El fiscal Rivolo, que pidió que Boudou fuera procesado, advirtió que nadie había pagado los vuelos y estimó que el primer viaje había costado 23.705 pesos y el segundo, $150,85.
Boudou declaró en indagatoria en este caso en diciembre de 2015, cinco días después de haber dejado el gobierno. Dijo que la decisión “político-institucional” de hacer aquel viaje había sido suya, pero que los traslados eran parte de “instancias operativas” de las que él no se encargaba. Explicó que fue un viaje que hizo como vicepresidente una semana después de haber asumido el cargo.
Para Rívolo, estos argumentos no lo liberaban de responsabilidad si no que, por lo contrario, demostraban “claramente que el ofrecimiento de los traslados y su admisión fue en consideración a su oficio y mientras se desempeñaban como vicepresidente de la Nación e intendente local”.
El piloto del helicóptero que trasladó a Boudou, Marcelo Juan Scaramellini, ratificó en la causa que nadie había pagado por el vuelo. Contó que “fue una gauchada” que le pidió Tellechea. Scaramellini era además director de la firma Ecodyma, una empresa constructora que, según advirtió Rívolo, tenía como actividad principal desde hace años la realización de “obras públicas y privadas”.
El fiscal también había valorado como una prueba en contra de Boudou el hecho de que hubiera tenido disponibles aviones del Estado y haya optado por recurrir a un privado, que además era contratista del Estado.
El caso tuvo tres jueces: e primero al que Rívolo le pidió avanzar contra Boudou, en 2014, fue Luis Rodríguez, que no accedió a citarlo. Este magistrado le pasó el caso, “por compensación”, a Norberto Oyarbide, que lo indagó justo la semana en la que Boudou dejó el poder.
Dos veces lo sobreseyó Oyarbide y otras dos Martínez de Giorgi, el juez que lo reemplazó, según recurdarn fuentes judiciales.