El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) fijó para el 26 de febrero el inicio del juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, entre otros, en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral. Esta será la primera vez que la ex Presidente esté en el banquillo de los acusados junto al empresario K.
"Debe destacarse la trascendencia de que la causa sea elevada inmediatamente a juicio, no sólo porque esa es la etapa en la que las partes discutirán con plenitud, y para ello se han cumplido con todos los pasos procesales penales previos exigidos (...) sino también porque desde el 22 de diciembre del pasado año se encuentra detenido a disposición de este juzgado el imputado Carlos Santiago Kirchner respecto del cual se dictó prisión preventiva", expresó el juez Julián Ercolinicuando elevó la causa a juicio oral.
Ercolini acusó a la actual senadora de Unidad Ciudadana de ser “jefa de una asociación ilícita” y haber defraudado al Estado por favorecer a Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por $46.000 millones durante los gobiernos kirchneristas.
Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, durante las administraciones kirchneristas se instauró una "maniobra de corrupción" desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”, de Lázaro Báez.
Ese circuito de contrataciones "irregulares" permitió que entre 2004 y 2015 el patrimonio del "amigo presidencial" creciera un 12.127%, adquiriendo bienes por US$205 millones. Según las acusaciones, dichos fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes" Cristina y Néstor Kirchner, afirmaron Pollicita y Mahiques. Se estableció que hubo “beneficios exclusivos" para Báez, quien se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las gestiones K.
Esta investigación comenzó con una denuncia de Vialidad Nacional, que acusó al gobierno kirchenrista de diseñar un “esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor” de Báez en detrimento de las arcas del Estado, a través de "simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con varias firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a los incumplimientos sistemáticos, financiamiento desde Vialidad nacional de caminos provinciales, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez”.