Ya lo demostró Horacio Verbitsky cuando aún estaba en el diario Página/12: en la AFIP hay enormes limitaciones para garantizar la información que administra con una omnipotencia que tiene agujeros. Sin duda es un tema muy delicado que deberán considerar quienes aceptaron ventilar sus finanzas ante el organismo recaudador.
En aquella ocasión, la Administración Macri presionó al sindicalista Victor Santa María hasta provocar la desvinculación de Verbitsky, origen de la web ElCohetealaLuna.com/
Ahora, nuevamente quedan en evidencia las filtraciones que ocurren en la AFIP con la investigación de Lucas Bo y Juan Ignacio Amorín para la web ElDestape.com/
Es muy interesante la filtración porque expone situaciones complejas derivadas del blanqueo y su cruce con la causa judicial que provocaron los cuadernos de Oscar Centeno.
Aquí se reproduce el ruidoso contenido:
"A la lista de blanqueadores de dinero ilegal que salpicó al presidente Mauricio Macri, a su círculo íntimo y a su Gabinete, se le suma una nueva filtración a la que accedió El Destape y que involucra a varias empresas involucradas en las fotocopias de las anotaciones de Oscar Centeno, quien fue el chofer del ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta. Con mínimas multas, colocaron en el mercado financiero legal, al menos, 9.807.252.752 millones de pesos, pero por la investigación judicial que está en curso, por presunta corrupción, podrían perder todos los beneficios.
Son directivos y familiares de empresarios de Techint, Tecpetrol, Esuco, Cartellone y Pescarmona y varios de ellos acordaron declarar como imputados colaboradores, también llamados “arrepentidos”, en la causa por la que el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli investigan un presunto sistema de recaudación ilegal durante el gobierno anterior y que tiene como finalidad conseguir el desafuero para la posterior detención de la senadora Cristina Kirchner.
Hasta ahora se conocía la investigación del periodista Horacio Verbitsky, en la que expuso que Gianfranco Macri, hermano del Presidente, entre otros como Nicolás Caputo, Marcelo Mindlin y un primo de Marcos Peña; aprovecharon el decreto por el que Mauricio Macri modificó la Ley de Blanqueo y permitió a familiares de funcionarios blanquear 132 millones de dólares.
Sin embargo, El Destape accedió a los nombres vinculados a empresas contratistas de obras públicas que aprovecharon este “perdón” a los delitos que habían cometido para ocultar esa cifra sideral.
El Grupo Techint (dentro del que funciona la petrolera TecPetrol) es la firma de Paolo Rocca y es la que más dinero blanqueado presenta entre familia y directivos: 7.014.793.572 millones de pesos. Como figura más conocida se encuentra Luis Betnaza, Director Institucional Corporativo de Techint y mano derecha de Rocca, con más de 61,1 millones de pesos.
Entre la familia de Paolo Rocca están Roberto Bonatti (primo), que se desempeña en el Directorio de Tenaris y blanqueó más de 1.876.822.790 millones de pesos. Marcela Rocca (prima de Paolo que falleció en 2017 y se estaba a cargo de la Fundación de los hermanos Rocca) con más de 6.900 millones de pesos blanqueados.
También figuran Marcelo Martínez Mosquera, ex titular de TecPetrol, con 122,6 millones de pesos; Alliata Di Montreale Paolo, jefe de Control de Calidad de Materiales en TecPetrol, con 133,3 millones de pesos. El CEO de Techint, Carlos Bacher, con 104,3 millones de pesos. El abogado del holding siderúrgico Fernando Ricardo Mantilla con más de 93 millones de pesos.
A ellos se le suman el director de Techint, Guillermo Horacio Hang, con 114,2 millones de pesos y el ex director general de Siderar (hoy Ternium) Fredy Cameo con 97,9 millones de pesos.
El constructor arrepentido Carlos Wagner, presidente de Esuco y ex presidente de la Cámara de la Construcción, tiene a Juana Wagner, directora de ESUCO y familiar del ahora “imputado colaborador” con un blanqueo de 86,8 millones de pesos.
Wager fue quien señaló a José Cartellone, titular de la firma Cartellone Construcciones Civiles, como parte del “Club de la Construcción” que pagó coimas a cambio de obras. “No valido nada”, respondió Cartellone, quien sería citado próximamente por la Justicia a rendir explicaciones.
En la filtración a la que accedió El Destape figura su hermana María Rosa con 97,3 millones de dólares. En los documentos de los Panamá Papers se conoció que ella era accionista de dos entidades: Unimas Company SA y Starlink Company SA.
La última empresa involucrada es Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa), quien tiene todavía a su suspendido director Francisco Rubén Valenti detenido en la causa de los cuadernos.
Según la información que volcó Oscar Centeno, Valenti pagó unos 2,8 millones de dólares a Roberto Baratta. Es la mano derecha del empresario mendocino Enrique Pescarmona, quien condujo la empresa durante 50 años y se espera que sea citado en breve a declarar por la causa. En 2014 la compañía declaró el default con un pasivo de alrededor de US$1100 millones y el año pasado debió entregar la mayoría accionaria de la empresa. En el listado de blanqueadores aparece Enrique Pescarmona con 108,2 millones de pesos."