El "sistema Riachuelo" o "colector margen izquierda" es una obra pública que cuenta con la financiación del Banco Mundial por US$ 1.200 millones, en la que una tuneladora realizará la red cloacal para llevar ese servicio básico a más de 5 millones de personas de 13 municipios del Conurbano y la Ciudad.
La obra se encuentra dividida en 3 tramos, de los cuales cabe destacar:
> el tramo 1, una Unión Transitoria de Empresas entre el consorcio Ghella y la empresa Iecsa, que también operaban juntos en el soterramiento del tren Sarmiento, junto a Odebrecht; y
> el tramo 3, una UTE entre las empresas Esuco-JCR-CPC-C&E.
Esuco pertenece al prófugo Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; y a CPC, la constructora de Cristóbal López, preso hace algún tiempo.
Otra empresa en problemas con la investigación periodística/judicial es Electroingeniería, que ganó junto a la china Gezhouba la adjudicación de la obra Agua Sur, por $. 3.000 millones, con la que el Gobierno espera llevar agua potable a buena parte del sur del Conurbano.
Con la excusa de que "hay que acabar con la corrupción K", la trama que investiga el juez federal Claudio Bonadío atraviesa las obras concedidas por la Administración Kirchner.
8 cuadernos pequeños, manuscritos con letra prolija y detalles de observador obsesivo son la clave de lo que acontece.
El registro es obra de Oscar Centeno, ex chófer del exministro Julio De Vido. Él describió los viajes que realizó en su auto con bolsos cargados de dólares. Los pagadores, según su testimonio, fueron grandes empresarios con contratos con el Estado.
>¿Será cierto?
>¿Podrá probarse en sede judicial?
>¿Y si no lograra probarse en forma fehaciente?
Entre los detenidos, Héctor Sánchez Caballero, de Iecsa, una constructora propiedad Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri.
Calcaterra se desprendió de la compañía apenas asumió la nueva administración. Se la quedó Marcelo Mindlin, en una operación muy complicada.
El juez federal Claudio Bonadio cargó contra Sánchez Caballero aunque no contra Calcaterra.
Y Bonadió escuchará el 13/08 a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de Julio De Vido, Juan Manuel Abal Medina y Oscar Parrilli.
“La hipótesis de la investigación es la asociación ilícita”, dijo el fiscal a cargo del expediente, Carlos Stornelli.
¿Centeno aceptará el convite que le dará en horas más el fiscal Stornelli para que se convierta en testigo protegido, o testigo arrepentido?
Él despidió ya a quien era su representante legal, Norberto Frontini; y asumirá el abogado Gustavo Kollmann.
Stornelli informó que investiga una "asociación ilícita"entre empresarios de distintos sectores y ex funcionarios. El movimiento de dinero ascendería a los US$ 160 millones.
Sin embargo hay algunas situaciones que provocan desconfianza en el caso.
De alguna manera Raúl Kollmann e Irina Hauser las resumieron en el matutino Página/12:
"(...) 3. La onda de las bóvedas y los bolsos
--El cliché instalado de la existencia de bóvedas ya apareció en este caso cuando la ex pareja del chofer, Hilda Horowitz, denunció que había una bóveda en la casa de los padres de Baratta en un country. El juez envió hasta retroexcavadoras que levantaron el jardín y casi destruyó la casa. Lo de las bóvedas, como las del sur, resultó falso. Horowitz posteó en twitter el 19 de diciembre de 2017 un pedido a Miriam Quiroga "para que me devuelva mis papeles". Quiroga es la falsa secretaria de Kirchner que denunció la existencia de bolsos y que la justicia probó que mentía. O sea que algún nivel de relación existe entre las dos mujeres, además de que ambas mintieron.
4. El cliché de la campaña electoral
--Resulta curioso que los cuadernos saltan de 2010 a 2013 y luego a 2015, pero lo más llamativo es que las entradas están destinadas a consignar reuniones en las que, supuestamente, CFK le ordenó a De Vido y Baratta que recauden para campañas electorales. Viene justito, justito, cuando hay escándalo por los aportes a las campañas de Cambiemos.
7. Ausentes
--Algunas ausencias llaman la atención. Si la empresa IECSA pagó coimas o le dio plata en negro a la administración anterior, ¿cómo es que no se ordenó la detención del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, el supuesto dueño? No se entiende siquiera que no se haya investigado de quién es verdaderamente IECSA. Para muchos en realidad continuaba siendo de los Macri.
Otra ausencia que llama la atención es la de José López. Los empresarios presos son todos de la construcción y López era el secretario de Obras Públicas, o sea el funcionario a cargo. En 10 años no hay mención a López, al único que se le encontraron nueve millones de dólares. (...)".