En el marco de un juicio oral, en la que se encuentran involucrados funcionarios, policías y políticos. El tribunal ordenó que el senador José Alperovich se presente en agosto en calidad de testigo, pero él dijo que no quiere declarar ni en forma oral ni por escrito. Tiene la posibilidad de hacerlo de ambas maneras, porque figura como "testigo con privilegios".
El pasado viernes (6/7), el abogado que lleva la causa, Gustavo Morales, presentó en el Senado el pedido de desafuero del legislador ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de la Nación. El letrado, que es quien defiende al imputado por encubrimiento Eduardo Di Lella, también solicitó que se cite como testigo al actual intendente de Tafí Viejo. En este momento, la comisión debe encargarse de resolver el pedido.
Se trata de la tercera semana del juicio por el encubrimiento y el asesinato de Paulina Lebbos. Morales solicitó también copias del testimonio de Alberto Lebbos. El padre de la joven había hablado de una reunión realizada el 19 de abril de 2006, en la que habrían participado el ex gobernador José Alperovich, el actual ministro fiscal Edmundo Jiménez y el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera. Alberto Lebbos encabeza la querella y dijo que Alperovich "protegió, contrató y les pagó para que encubran el asesinato de Paulina".
Paulina Lebbos fue la víctima de un crímen que sucedió hace 12 años. El 26 de febrero de 2006 la joven desapareció. Luego de haber ido a bailar a un boliche, se subió a un remís y nunca llegó a su casa. El 11 de marzo de ese mismo año, su cuerpo fue hallado en la vera de la ruta 341.
En los meses que siguieron al crimen, el ministro de Seguridad Ciudadana de la provincia de Tucumán renunció a su cargo y lo mismo hizo su sucesor. El sistema de transporte de pasajeros fue modificado y también se implementó una ley que obligaba a los boliches y bares a cerrar a las 4 AM (fue derogada en 2014). El primer fiscal de la causa fue removido del caso por decisión del Ministerio Fiscal.
En 2013, la Corte Suprema de Justicia comenzó a presionar, pidiendo un informe sobre el desarrollo de la causa. Se confirmó que la investigación estaba paralizada y se designó a un nuevo fiscal, que ordenó la detención de cinco personas por el hecho. Dos de ellos eran policías acusados por encubrimiento. En diciembre, tres involucrados fueron condenados a prisión por haber falsificado actas del procedimiento.
En 2015, el juez dispuso la elevación a juicio en contra varios acusados por cometer el crimen y por encubrirlo, gracias a la solicitud del fiscal a cargo, Diego López Ávila. En diciembre de 2016 se definió por sorteo que los jueces de la Sala III serán los encargados de realizar el mismo. En este momento, el proceso avanza.