El juez Eduardo Farah pidió este miércoles su traslado desde la Cámara Federal porteña a un tribunal oral en medio de una fuerte presión del Gobierno sobre él y su colega Jorge Ballestero.
Farah es integrante de la Sala II del tribunal de apelaciones de la Capital Federal que trata numerosos casos de corrupción
El detonante de la presión oficial sobre Farah y Ballestero fue a partir de que dictaron la excarcelación del empresario Cristóbal López y mejoraron su situación procesal al cambiar la carátula del expediente: la redujeron de defraudación al Estado a una mera causa de evasión impositiva. López, de todas formas, sigue procesado.
El fallo de los camaristas provocó declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien afirmó que la decisión le provocó "indignación". Farah respondió. "El Presidente fue mal informado, no tuvo tiempo de leer la resolución y no le acercaron lo que la resolución dice", dijo en una entrevista. Y aclaró: "Tiene derecho a opinar, pero debería medirse un poco".
Pero no sólo fueron palabras las del Gobierno. En el Consejo de la Magistratura hay expedientes abiertos contra Farah y Ballestero. Allí, el macrista Pablo Tonelli impulsa una investigación por enriquecimiento ilícito a partir de una denuncia de Elisa Carrió que sostiene que los jueces cobraron coimas para excarcelar a López.
Con su traslado, Farah esquivaría el proceso que, de prosperar, podría terminar en su destitución.
Ahora, el mismo Consejo deberá evaluar el pedido del juez de integrarse al Tribunal Oral Federal de San Martín, o, en su defecto, Tribunal Oral Penal Económico de la Capital Federal. El Ejecutivo no se opondrá, según adelantó el ministro de Justicia
Es, de alguna manera, una victoria del Gobierno, que ya logró apartar al camarista Eduardo Freiler e irá por el juicio político de Jorge Ballestero.