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Se está complicando la difusión de escuchas telefónicas a la senadora nacional y ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Todas esas escuchas fueron difundidas, día tras día, por el periodista Luis Majul en su nuevo programa "4 Días", por América TV.
Majul, entrevistador frecuente del presidente de la Nación Mauricio Macri, inclusive le consultó a éste qué le parecía el contenido de las escuchas, y Macri le dijo que le parecía mal la difusión aunque luego se refirió a los dichos de CFK.
El problema es que, probablemente, a Majul le garantizaron que no ocurriría nada con la difusión, o él no midió los riesgos. Pero el asunto ha escalado, en el marco de una disputa de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por quitarle a la Corte Suprema -y así recuperar el control del Departamento de Captación de Comunicaciones-.
Además, hay otro capítulo en esta cuestión: jueces y camaristas federales encapsulados en los tribunales de Comodoro Py, y de buena relación con la exSIDE hoy AFI, mantienen diferencias con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, considerando que han ocurrido infracciones graves en nombre de un objetivo político-partidario, el tribunal de 5 encontró un escenario para avanzar, y seguramente Majul no lo había previsto.
Ante los requerimientos oportunamente efectuados por el Tribunal, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación -Oficina de Captación de Comunicaciones- el magistrado titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, Dr. Ariel Lijo, presentaron los respectivos informes con detalle de todo lo actuado en la causa mencionada en el punto anterior (glosados fs. 10 a 28).
De los informes referenciados surge que a pedido del juez interviniente en la causa, por oficio recibido el 24/6/16 en la sede de la DAJUDeCCO, se requirió la captación por el término de 30 días -plazo que fuera posteriormente prorrogado en 2 oportunidades por orden del magistrado competente- de las comunicaciones entre 2 abonados bajo la modalidad de escucha directa se autorizó al personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) diligenciar el oficio, llevar cabo las tareas de escucha directa retirar los COs con las grabaciones, dice entre otras cosas el comunicado presentado.
Por otra parte, este Tribunal, en el marco del Convenio de Colaboración suscripto con fecha 29 de septiembre de 2016 con el Honorable Congreso de la Nación Argentina (resolución 2801/2016), ha requerido ese Poder del Estado, con fecha 22/03 pasado por su intermedio, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos Actividades de Inteligencia, la realización de una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos Crimen Organizado, orientada asegurar el cumplimiento de los principios de transparencia y confidencialidad en las ejecución de dichas tareas y a determinar si existen elementos que permitan establecer si las filtraciones de audios con escuchas judiciales tuvo su origen en la mencionada dependencia. Ello, por cuanto en las tareas de "escucha", además de funcionarios de aquella Dirección, pueden intervenir -conforme lo disponga la autoridad judicial de la causa-, personal de las Fuerzas de Seguridad de la Agencia Federal de Inteligencia, continúa el comunicado presentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
Asimismo, se solicitó al magistrado titular del Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal n° 6, Dr. Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa penal que se iniciara partir de la filtración de las "escuchas judiciales", que informe al Tribunal, si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de la DAJUDeCCO si existe alguna observación respecto la forma en que se desarrollan sus tareas, que sea susceptible de afectar los principios de transparencia, confidencialidad custodia.
La Corte Suprema envia la carta a la agencia de inteligencia Gustavo Arribas con el principal objetivo de reclamar qué medidas tomó en el marco de la filtración de las escuchas telefónicas protagonizadas por Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli. Esto lo establece en su punto número 5 del documento.
Además, se pide al juez Rodolfo Canicoba Corral que informe al tribunal si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crímenes Organizados si existe alguna observación respecto de la forma en que se desarrollan sus tareas, que sea suceptible de afectar los principios de transparencia y confidencialidad.
La Corte ya le había pedido informes por este mismo tema hace más de un año al juez a cargo de la causa contra Parrilli, Ariel Lijo. Este magistrado había ordenado intervenir los teléfonos del ex funcionario cuando lo investigaba por su presunta responsabilidad en la fuga de Ibar Esteban Pérez Corradi en el marco de la causa de la efedrina.
El máximo tribunal también le había pedido explicaciones a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, a cargo del presidente de la Cámara Federal penal porteña, Martín Irurzun, y de la que depende la Oficina de Captación de Comunicaciones. Y recientemente deslindó responsabilidades propias ante la comisión bicameral de seguimiento de las actividades estatales de Inteligencia del Congreso.
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Con la firma de sus 5 miembros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso este martes 27/03 pedirle al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, que le informe sobre todas las actuaciones administrativas que haya realizado para determinar el origen de la filtración de escuchas telefónicas realizadas durante 2016 al ex jefe de ese organismo y ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli. "Este martes 27/03, en el marco de las actuaciones de referencia, el Tribunal de la Cámara Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto diversas medidas a fin de que se investigue toda responsabilidad administrativa que le pudiera corresponder a los agentes intervinientes en los procesos de interceptaciones telefónicas efectuadas en el marco de la causa CFP 481/16 -en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, a cargo del. Dr. Ariel Lijo- en razón la filtraciones de audios con "escuchas judiciales". Ello, en virtud de los principios de transparencia y confidencialidad que deben regir la actuación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDeCCO), de conformidad lo establecido en el artículo 2.a de la acordada 2/2016", dice entre otras cosas el comunicado.
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