En 2014, Susana Giménez comentó en su programa de televisión -con cientos de miles de espectadores- que no había podido comprar dólares merced del vigente cepo cambiario. "Si querían que la gente no comprara dólares, ahora comprarán el triple", dijo aquella vez.
Para el gobierno de Cristina Fernández se trató de una osadía imperdonable. A través de uno de sus instrumentos de escarmiento, la AFIP que dirigía Ricardo Echegaray, comenzó una campaña de persecución de la diva.
El ente recaudador dejó trascender el patrimonio de Giménez a través de algunos medios, y además se embarcó primero en una inspección y luego en una denuncia penal por la presunta omisión de bienes en su declaración jurada para comprar unos terrenos en Uruguay.
La AFIP argumentaba que la estrella televisiva había utilizado fondos no declarados a través de una sociedad (Splungen) constituida en un paraíso fiscal, Singapur, para concretar esa operación inmobiliaria.
Finalmente, 'Su' se impuso a la persecución K al ganarle en distintas instancias con sus reclamos contra la AFIP.
Según informa lanación.com, Giménez logró un fallo favorable en el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), que hizo lugar a sus argumentos. Ya había obtenido aval en la justicia en 2014.
La defensa de la conductora, encabezada por César Litvin, logró demostrar que Giménez había efectuado un préstamo a esa sociedad que había declarado y que, desde allí, se había efectuado una transferencia al escribano en Uruguay que intervino en la compra de dos terrenos en la zona de Punta del Este.
Litvin contó a lanación.com que “el día que se impuso el cepo, Susana intento comprar dólares con el dinero de su cuenta bancaria, donde depositaba la remuneración del canal; el sistema informó que no tenía capacidad económica para comprar y ese mismo día en el programa se le ocurrió comentarlo”.
“Al día siguiente recibió una inspección con mucha animosidad, cómo no encontraron nada; inventaron un ajuste en tiempo récord, determinaron una deuda inexistente y le hicieron una denuncia penal agravada, según los inspectores interviniendo por instrucciones de Echegaray”, indicó.
El tributarista recordó que “en ese momento los inspectores reconocían el absurdo del ajuste fiscal, pero tenían que llevar un monto aleccionador para hacer una denuncia penal agravada”.
Sin embargo, detalló,“la causa penal se cerró favorablemente con sobreseimiento definitivo en el año 2014; el reclamo económico era de 2.251.480 de pesos del año 2004, más intereses”.
Ahora, Giménez logró que el Tribunal Fiscal de la Nación desestimara el reclamo de dicha suma, al entender que la AFIP kirchnerista había invertido la carga de la prueba y que la acusada había podido demostrar el origen de los fondos.
En un fallo de 12 páginas, el TFN revocó la determinación fiscal con costas al Estado Nacional, en base al voto de los miembros de su sala B.
Y si bien la AFIP suele apelar ante la justicia ordinaria casi en forma automática todas las decisiones del TFN que le resultan desfavorables, en este caso el organismo que ahora conduce Alberto Abad está evaluando los argumentos del fallo administrativo para ver qué decisión toma, según fuentes oficiales.
No está de más aclarar que, más allá de algunos chispazos recientes, Susana es una ferviente defensora del presidente Mauricio Macri.