La defensa de Amado Boudou, al igual que la del resto de los procesados por la causa Ciccone, solicitó este martes la suspensión del juicio oral que enfrenta hasta tanto conozca el contenido de la declaración de Alejandro Vandenbroele, quien prestó declaración como arrepentido.
La iniciativa había sido adoptada por la defensa del exjefe de Gabinete de Boudou Guido Forcieri, a lo que se sumaron el resto de los imputados.
De esta manera, los procesados buscan ganar tiempo en el proceso que intenta determinar si el exvicepresidente aceptó la mayoría accionaria de la excalcográfica a través de testaferros a cambio de conseguir contratos con el Estado.
De acuerdo a Infobae.com, el abogado de Forcieri señaló que al no saber qué declaró el empresario acusado de ser testaferro del ex vicepresidente como arrepentido no se puede ejercer el derecho a la defensa. "Se está produciendo una situación medieval", planteó el letrado.
Al pedido del abogado de Forcieri se sumaron las defensas de los otros imputados. En tanto la fiscalía, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (querellantes en el juicio) se opusieron.
El juicio continúa por hoy con la declaración de testigos y los integrantes del Tribunal Oral Federal 4 decidirán más tarde sobre los planteos para suspender el proceso.
Por su parte, Boudou se encontraba este martes en los tribunales de Comodoro Py para participar de una audiencia para plantear personalmente los argumentos por los que pidió la recusación de Ariel Lijo, el juez que ordenó su detención el pasado 03/11 en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito.
Boudou pidió asistir en persona a la audiencia convocada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, de la sala I de la Cámara Federal, para exponer los motivos por los cuales pide apartar al juez Lijo.
Tras quedar preso, el exfuncionario recusó al magistrado y pidió que se aparte del caso, pero éste rechazó el planteo y es uno de los que ahora resolverá la Cámara Federal.
Lijo sostuvo que contó con prueba suficiente para ordenar la detención tras recibir una pericia contable del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e informes sobre supuestas maniobras para ocultar los bienes y dinero que para la Justicia se habrían obtenido de manera injustificada.
Con un eventual apartamiento de Lijo de la causa podrían caer todas las decisiones firmadas por el juez, incluida la detención.