El suspendido camarista Eduardo Freiler intervino en causas contra Mauricio Macri y eso le valió haberse convertido en uno de los principales objetivos de la Casa Rosada en la Justicia, sumado a sus vínculos con el kirchnerismo y a su supuesto enriquecimiento ilícito.
Esa situación quizás explique la polémica maniobra que Cambiemos urdió en el Consejo de la Magistratura la semana pasada para lograr la suspensión y el inicio del juicio político contra el camarista.
Con el primer objetivo logrado, ahora el oficialismo iría por más: puso su atención en la conformación del jury y quiere desplazar a tres de sus integrantes: la ultrakirchnerista Diana Conti, la radical Silvia Giacoppo y el juez federal Jorge Ferro, por distintos motivos. Pero se trata de casi la mitad del cuerpo de siete integrantes.
Según explica este miércoles (23/8) el diario La Nación, Diana Conti y la senadora Giacoppo tienen mandato hasta diciembre en el Congreso. Desde el Gobierno nacional dicen que el plazo les impide integrar el tribunal hasta el final del juicio político, con plazo máximo hasta febrero de 2018.
El supuesto recambio no alteraría la postura política de los jurados porque el reemplazo de Conti sería otra kirchnerista (la diputada chaqueña Analía RachQuiroga, cercana a Jorge Capitanich) y la suplente de Giacoppo sería la mendocina Pamela Verasay, también radical y de Cambiemos.
En tanto, al juez federal Jorge Ferro se lo investiga por presunto mal desempeño, argumento que esgrimen en el oficialismo para fundamentar una recusación, según el matutino.
La recusación de Ferro, en principio, también sería apoyada por Freiler.
Cuatro de los siete miembros del jurado de enjuiciamiento que evaluará el desempeño y la eventual remoción de Eduardo Freiler, ya juraron en sus funciones.
Ante la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Higthon de Nolasco, la camarista Inés Cantisani juró el jueves pasado; en tanto esa funcionaria judicial tomó este martes 22/8 los juramentos de los senadores nacionales Walter Basilio Barrionuevo y Silvia Giacoppo, y del abogado Raúl Piaggio.
Los restantes miembros del jury -cuya integración se completa con el camarista Ferro y los diputados Hugo Marcucci y Diana Conti- jurarán el próximo jueves a las 12.30.
No obstante, la composición que en definitiva tendrá el Jury dependerá de cuándo comience efectivamente el juicio político a Freiler, dado que, si se inicia antes del 1 de septiembre próximo, se debería prorrogar la actual composición del tribunal hasta que se termine de sustanciar el expediente, mientras que si el juzgamiento se pone en marcha después de ese día lo hará con una nueva conformación.
Antes del proceso en la Magistratura, en mayo pasado Mauricio Macri fue imputado por posible pago de coimas junto al camarista Eduardo Freiler, y el operador judicial y titular de Boca Juniors, Daniel Angelici.
La imputación, hecha por la fiscal federal Paloma Ochoa, surgió de la denuncia iniciada tras la publicación de un editorial del periodista Carlos Pagni en el diario La Nación. Allí, en noviembre pasado, Pagni había asegurado que: "según una versión en la que coinciden varias fuentes con información inmejorable, en su momento Freiler pidió dinero a Angelici para favorecer a Macri en la causa de las escuchas ilegales. El empresario del juego se lo dio. Pero Macri le aclaró: "Si querés recuperar la plata, pedile que te la devuelva porque yo no pongo una moneda".
Según fuentes judiciales, ése es el objeto de investigación. Aunque en un principio la denuncia presentada por el diputado del Frente Renovador, Julio Raffo, alcanzaba a Freiler y Angelici, la decisión de extender la imputación a Macri es porque los dichos denunciados dan cuenta de que habría estado al tanto de la maniobra que, además de beneficiarlo, como funcionario público tendría que haber denunciado.
La primera de las medidas solicitadas fue que se notifique al periodista Carlos Pagni y se lo cite a declaración testimonial, previa consulta sobre si se amparará en su derecho a resguardar las fuentes. La causa por las escuchas ilegales se abrió en 2010, cuando Macri era jefe de Gobierno porteño. Y llevó a que lo procesara el juez Norberto Oyarbide por el supuesto armado de un equipo de escuchas ilegales en el interior del gobierno. El año pasado fue sobreseído.
Ahora, la investigación sobre los presuntos sobornos, volvieron a traer el caso al escenario. La fiscal Ochoa requirió que se pidan informes a la Cámara para ver cómo fueron las votaciones y los movimientos en el expediente sobre escuchas al que refiere la publicación. "Para que una decisión prime sobre otra tiene que haber mayoría”, refirieron fuentes tribunalicias.
Según recuerda El Intransigente, un día después de la publicación de Pagni, la denuncia recayó en el juzgado de María Servini, quien corrió vista al fallecido fiscal Patricio Evers, para que decidiera si daba o no impulso a la investigación. Evers se excusó por su conocimiento personal de Freiler en su época de fiscal. La denuncia pasó entonces a la fiscalía de Gerardo Pollicita quien esgrimió argumentos similares y fue entonces que fue remitida al despacho de Ochoa, quien a fines de abril pasado requirió el impulso de la investigación y realizó las imputaciones, que recién trascendieron ahora.
En noviembre, tras conocerse la denuncia, Freiler se presentó espontáneamente ante el juzgado con un escrito en el que pidió ser investigado y propuso una serie de medidas. Entre ellas, cruces de llamados telefónicos y hasta incorporó una copia certificada de la causa de escuchas que involucró a Macri, cuando todavía era jefe de Gobierno porteño. Aseguró entonces que la denuncia no sólo ponía en duda su integridad profesional sino también la de la Sala I que integra. Su presentación fue hecha a título personal, sin el acompañamiento de ningún abogado.