La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó este martes el fallo de primera instancia que cesó en sus funciones como consejero de la Magistratura al senador kirchnerista Ruperto Godoy. La sentencia respalda la decisión del juez Lavié Pico, que aceptó un reclamo porque el legislador sanjuanino no es abogado, requisito del Consejo.
Godoy permanecía en el cargo ya que el fallo de Lavié Pico no estaba en firme. Tras la decisión de la Cámara estaría una apelación en la Corte Suprema de Justicia.
En caso de que el recurso ante el máximo tribunal sea rechazado, Godoy deberá ser reemplazado. Allí aparece el nombre del salteño Rodolfo Urtubey, que figura como suplente de Godoy en el acta que el bloque envió al Consejo en noviembre de 2014.
Urtubey es el hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, de diálogo ameno con el Gobierno Nacional. Se especula que con el senador salteño en el Consejo se fortalecería la posición del Ejecutivo frente a algunos jueces que ha intentado remover.
Se presume que el senador Urtubey no votaría en sintonía con el kirchnerismo llegado el caso de definir el futuro de Freiler.
El blanco principal de la Casa Rosada es el camarista Jorge Freiler, integrante de la Sala I de la Cámara Federal penal. Freiler reúne varias acusaciones en el Consejo pero el oficialismo aún no ha logrado conseguir los votos para someterlo a un juicio político.
El plenario del Consejo aprobó la acusación contra Freiler por mal desempeño, pero no logró iniciar el proceso de juicio político al no conseguir los 9 votos necesarios debido a la resistencia del kirchnerismo. Cabe recordar que tanto Freiler como su colega de la Sala I Eduardo Ballestero son acusados de favorecer con sus fallos al gobierno kirchnerista. Freiler, en tanto, es acusado además de enriquecimiento ilícito.
La demanda para que se respete el requisito de ser abogado para integrar el cuerpo del Poder Judicial encargado de seleccionar, controlar y sancionar a los magistrados, fue promovida por el abogado Alejandro Eduardo Fargosi, cuando era consejero de la magistratura, en 2013, que planteó la ley 26.855 (reemplazó a la 24.937), al eliminar el requisito del título de abogado, establecido al momento de la creación del Consejo, permitía la participación de miembros que "no son idóneos".
La ley 26.855 estableció que para ser miembro del Consejo de la Magistratura "se requerirá contar con las condiciones mínimas exigidas para ser diputado".
Pero la Cámara dictó este martes que la posibilidad de ser consejero sin ser abogado “se presenta en colisión con la voluntad del constituyente y con las propias funciones le han sido asignadas al Consejo de la Magistratura, como órgano integrante del Poder Judicial de la Nación, de modo que la inconstitucionalidad de esa norma ha sido bien declarada”.