El ex ministro de Planificación Julio De Vido negó este viernes (23/06) ante la Justicia haber tenido “competencia” en el otorgamiento de subsidios a las empresas de colectivos, y aseguró que esa tarea correspondía a la Secretaría de Transportes y a la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT).
Cabe recordar que, en otra causa que investiga la compra de material ferroviario inservible a Portugal y España, Ricardo Jaime se había desligado y había apuntado contra De Vido, asegurando ante el juez Julián Ercolini que la "responsabilidad" sobre la política ferroviaria desde 2008 fue del ex ministro de Planificación Federal. Ahora De Vido le pasó la pelota a Jaime, pero en esta causa por irregularidades en la asignación de subsidios al gasoil de colectivos.
De todos modos, el ex funcionario negó que haya habido ilícitos en la entrega de aquellos beneficios monetarios a las compañías de transporte al asegurar que “los responsables” de la Secretaría y la CNRT “ya se han presentado (en el juzgado) y han demostrado la regularidad de su actuación”.
De Vido se presentó en los tribunales federales, donde presentó un escrito donde negó las acusaciones, apuntó contra los medios y el gobierno de Mauricio Macri, y se negó a responder preguntas.
Al igual que en otras causas penales en que se encuentra acusado, el ex ministro kirchnerista atribuyó esta imputación a la “persecución judicial” que dice estar “sufriendo” así como a lo que denominó "presiones” por parte del “propio Presidente de la Nación y el Ministro de Justicia sobre el Poder Judicial”.
Aseguró además que “el sistema” de “determinación y otorgamiento” de subsidios a colectiveros “fue creado con anterioridad” a su llegada al ministerio de Planificación e Infraestructura en 2003 y afirmó que “sigue durante la actual gestión del Ministro de Transporte Dietrich”.
“La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe que obra como prueba central en la causa y formuló observaciones de carácter administrativo pero ni siquiera advirtió irregularidad alguna que tuviera relevancia penal”, añadió en el descargo, que finalizó con un pedido de sobreseimiento.
En esta causa se investigan los subsidios que los Gobiernos de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández entregaron a las empresas de transporte automotor para ayudarlas a afrontar los costos de combustible, entre 2005 y 2012, a cambio de que no subieran el precio de los pasajes.