El fiscal Guillermo Marijuan pidió este jueves la declaración indagatoria de la expresidente Cristina Fernández en la causa por lavado de dinero conocida como "la ruta del dinero K". Por ese caso permanece detenido el empresario Lázaro Báez, dueño de la constructora Austral -beneficiaria de gran cantidad de obra pública durante los gobierno kirchneristas- e íntimo de la familia Kirchner.
Ahora será el juez Sebastián Casanello quien deberá analizar el dictamen y determinar si cita a la exPresidente, quien el miércoles presentó su frente electoral, Unidad Ciudadana.
De acuerdo al dictamen, Marijuán sostuvo que se pudo establecer la estrecha relación entre la ex Presidente y Báez y la señaló como "co-autora" del delito de lavado de activos.
Según describe el fiscal, consigna infobae.com, a partir del examen de varias escrituras secuestradas en allanamientos realizados en la escribanía de Leandro Albornoz se pudo acreditar el vínculo entre Cristina Fernández y el dueño de Austral Construcciones. Además, Marijuán mencionó información y conclusiones de Los Sauces y Hotesur, otras dos causas en la que está siendo investigada la ex mandataria.
"La vinculación entre la maniobra de lavado de activos y la adjudicación irregular de obra pública con la que fue beneficiado Lázaro Báez y su grupo empresario, a lo largo de los mandatos presidenciales del matrimonio Kirchner-Fernández (2003-2015), demuestran la calidad de 'socios'…Incluso este vínculo delictual persistió luego de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, con el mismo y continuo comportamiento de Cristina Elisabet Fernández.", sostiene el dictamen.
Hace dos semanas, la Sala II de la Cámara Federal rechazó un pedido de indagatoria a la exPresidente que realizó ante el juzgado la Unidad de Investigación Financiera (UIF) -que es querellante en la investigación- por encontrarlo “repentino” y “sin base suficiente" para sustentarlo.
Sin embargo, la cámara ordenó a Casanello que la causa debe tomar como delito precedente a la maniobra de lavado de activos la corrupción en la obra pública. Ese delito ya está siendo investigado por el juez Julián Ercolini, quien procesó por asociación ilícita Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Lázaro Báez.
La acusación sostiene que se realizó una maniobra defraudatoria al Estado para volcar fondos públicos hacia Santa Cruz y favorecer a un único grupo empresarial con contratos viales: El holding de Báez recibió 52 contratos por $ 46.000 millones.
Entonces, por pedido del fiscal Guillermo Marijuan- Casanello ordenó una nueva ronda de indagatorias que finalizaron la semana pasada con la declaración de Lázaro Báez. Aparte del fraude fiscal, generado a través de una usina de facturas apócrifas, se consignó en la nueva imputación que el origen de dichos fondos provenía de la obra pública. Estos fondos terminaron después, en maniobras de lavado de activos tanto dentro como fuera del país por 60 millones de dólares, en principio.