Este miércoles (14/6), el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fuerte comunicado después de las declaraciones del Presidente de la Nación sobre una supuesta industria de los juicios laborales. “Repudiamos abierta y decididamente cualquier imputación a nuestra profesión, provenga de quien provenga y, gobierne quien gobierne”, decía en uno de los tramos el comunicado de los abogados porteños.
“El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal advierte que no tolerará ninguna intromisión de otros poderes constituidos en la esfera del judicial cuando esto afecte o roce al libre ejercicio de la profesión de Abogados; a nuestro derecho constitucional de trabajar; a los honorarios, las incumbencias ni, al inalienable derecho de todo habitante del libre acceso a la Justicia”, advirtieron los letrados en el documento.
A pesar de la advertencia, Macri está decidido a desbaratar lo que denomina como una ‘mafia’ de los juicios laborales. En esa línea, instruyó al ministro de Trabajo Jorge Triaca, a acelerar una serie de medidas que está negociando con la CGT unificada, para reducir los conflictos laborales que se resuelven vía juicio.
Según revela este jueves (15/6) el diario La Nación, Macri plantea una ley de prevención de accidentes laborales, mientras intenta que las provincias adhieran al servicio de conciliación laboral.
Además se acelerarían la designación de jueces del fuero laboral.
El ministro Triaca apuntará a la justicia laboral. Más allá de la aprobación de la ley de ART, está impulsando en conversaciones con los sindicalistas una ley de prevención de accidentes laborales, mientras intenta que las provincias adhieran al servicio de conciliación laboral, un sistema al que hasta ahora adhirieron sólo seis provincias -incluida la ciudad de Buenos Aires- y que tiene como objetivo reducir drásticamente la cantidad de juicios. El fuero laboral, con casi un tercio de los juzgados vacantes, es otro objetivo: los nuevos jueces son propuestos por el Consejo de la Magistratura en ternas para que el Presidente los designe, un trámite que la Casa Rosada está dispuesta a acelerar, indicó el matutino.
El plan de blanqueo laboral que Triaca negocia con la CGT contiene incentivos para los empleadores, agregados a la disminución de los juicios laborales que reclama buena parte del empresariado y la industria.