CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa) El Poder Judicial viene tomando un significativo protagonismo a partir de que importantes referentes del gobierno anterior fueron privados de la libertad por sospechas de corrupción. La sucesión de acciones y la gravedad de los hechos han llevado a que queden involucradas las máximas autoridades responsables de la gestión del Estado.
El fenómeno puede ser interpretado como una manifestación de eficiencia del Poder Judicial en su función de castigar la corrupción de gente poderosa. Sería una experiencia señera, asimilable a la conocida mani pulite de Italia de principios de los ’90. Pero como se da en el marco de un nuevo gobierno existe la posibilidad de que prevalezcan acciones oportunistas de fiscales y jueces ávidos de congraciarse con el poder de turno.
Más allá de estas conductas coyunturales, resulta pertinente analizar con objetividad el funcionamiento de la Justicia. Según las estadísticas publicadas por el Poder Judicial de la Nación (cuyos últimos datos disponibles datan del 2012) y del Ministerio de Hacienda y Finanzas, entre los años 2002 y 2012 se observa que:
- Los casos resueltos por la Justicia Nacional (Corte Suprema, Justicia de Casación Penal y Justicia Federal) aumentaron 33% pasando de 450 mil a 600 mil por año.
- En el mismo período, el presupuesto de la Justicia Nacional se duplicó pasando de $6 mil a $12 mil millones anuales medidos a precios del 2015.
- Esto significa que el gasto público por caso resuelto en la Justicia Nacional se incrementó en 45% pasando de $8.700 a $12.650 a precios del 2015.
Estos datos son aproximados y pueden no ser comparables ya que, por ejemplo, no tienen en cuenta cambios en la complejidad de los temas resueltos. Pero la desproporción con el aumento de fondos públicos asignados a la administración de justicia resulta muy sugerente. En 10 años el costo de cada caso resuelto creció un 45% por encima de la inflación. Dado que alrededor del 90% del gasto en la Justicia corresponde a personal esto significa que los habitantes vienen haciendo un creciente esfuerzo con el pago de los impuestos para que la Justicia tenga más empleados y mejore sus remuneraciones.
Lamentablemente, la información disponible está desactualizada y se refiere sólo a la Justicia Nacional. No se cuenta con una sistematización de información de las provincias, que son las principales responsables de la administración de justicia. Pero, por efecto colateral del centralismo, el Poder Judicial de la Nación publica datos del accionar de la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ya que la Justicia en la Capital, como el resto de los servicios públicos, es solventada por todos los argentinos). Según esta fuente, en la Ciudad de Buenos Aires, entre los años 2002 y 2012 los casos resueltos cayeron de 500 mil a 340 mil, mientras que el presupuesto asignado más que se duplicó en términos reales. Esto implica que el gasto público por caso resuelto se habría incrementado en un 250%. Las cifras son aproximadas (las mismas fuentes alertan que no se registran correctamente todos los casos), pero alcanzan para dejar demostrado los altos niveles de ineficiencia y desidia que prevalece en la administración de justicia.
Los privilegios, la debilidad en la gestión y la falta de rutinas de rendición de cuentas generan fatalmente dependencia del poder de turno. A condiciones laborales muy superiores al resto de los trabajadores en términos de salario, régimen previsional, licencias, jornada y tratamiento frente al impuesto a las ganancias se le asocian conformismo y sumisión al gobernante. Así se entiende por qué recién ahora, luego del cambio de gobierno, se publicitan acciones de investigación sobre hechos que desde hace mucho tiempo eran percibidos como muy sospechosos.
Desde el punto de vista del progreso es crucial contar con una administración de justicia eficiente, independiente y honesta. Esto no se logra con más presupuesto, como se ha venido haciendo en los últimos años, sino con un profundo cambio en las reglas de gestión del Poder Judicial. Como en el resto del sector público, es clave transparentar su funcionamiento para facilitar el control social y desburocratizar la gestión incorporando tecnología y profesionalizando la administración de los recursos humanos.