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Desde hoy, la justicia brasileña ya puede enviar a la Argentina la información sobre coimas por US$35 millones que Odebrecht reconoció haber pagado a funcionarios del país para acceder a contratos de obra pública. La fiscalía general de Brasil le había dado a la constructora un plazo de seis meses para cerrar acuerdos con los países donde cometió delitos de corrupción antes de remitirla a fiscales y ese acuerdo vence hoy.
Una comitiva de fiscales viajará a Brasil para reunirse con sus pares de ese país y avanzar en las investigaciones relacionadas con los sobornos que la constructora presuntamente pagó entre 2007 y 2014. El viaje fue impulsado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien estará acompañado por los fiscales Franco Picardi, Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli.
Mañana se realizará en Brasilia una reunión con el viceprocurador general José Bonifacio Borges de Andrada. En ese encuentro también estará presente el fiscal a cargo de la oficina de cooperación internacional de la Procuración de Brasil, Vladimir Aras, un funcionario encargado de gestionar los avances entre ambos países. Entre otras cuestiones, allí se podría avanzar en la idea de conformar un equipo de trabajo binacional.
El encuentro está programado para un día después de que se levante la cláusula de confidencialidad, vigente desde diciembre pasado, que pesa sobre los testimonios y pruebas aportados por los ex directivos de Odebrecht en calidad de "arrepentidos".
El capítulo argentino de la megacausa Odebrecht explotó cuando trascendió que la compañía brasileña había admitido ante la Justicia de los Estados Unidos que entre 2007 y 2014 pagó sobornos en Argentina por US$35 millones para quedarse con contratos de obra pública.
A partir de esa confesión, Odebrecht y la fiscalía general brasileña, a cargo de Rodrigo Janot, llegaron en diciembre a un acuerdo con fiscalías de otros 10 países implicados para que la compañía negociara con las naciones donde quería seguir operando.
La información, que podría incluir videos, documentación sobre reuniones, correos electrónicos, depósitos y otros detalles, será remitida a Alejandra Gils Carbó. En principio, esos datos no serán revelados, dado que las autoridades brasileñas le pidieron a la procuradora que "mantenga el secreto con respecto a todas esas pruebas cuando se refieran a hechos ocurridos fuera de Brasil".
Mientras tanto, el Gobierno reclama la difusión de esta información. Esta semana, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, acusó a Gils Carbó de "dilatar la posibilidad de que los argentinos" accedan al contenido presuntamente comprometedor y señaló que más allá del impedimento legal "hay otros instrumentos, como es la Comisión bicameral de seguimiento de la Procuración en el Congreso o la Oficina Anticorrupción".
Ayer, el ministro de Justicia, Germán Garavano, también advirtió que "va a ser lamentablemente más largo" el proceso para esclarecer ese tema.
El funcionario se escudó en que los "antecedentes como país y como Justicia no acompañan" para esperar que se diluciden rápidamente casos de corrupción como ese. Además, una vez más volvió a cargar las tintas en la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al asegurar que "hasta ahora no alentó nada para que se sepa" la verdad en torno a la causa Lava Jato, que involucra al poderoso holding brasileño.
Garavano expresó que "ojalá existiera" una lista con los nombres de quienes recibieron coimas en el país, pero sostuvo que la información que llega en las próximas horas de Brasil no incluirá una nómina sino "declaraciones de arrepentidos y documentación sobre transferencias de cuentas".
"El proceso va a ser lamentablemente más largo; el Gobierno tiene un interés muy especial. El presidente (Mauricio Macri) fue muy enfático conmigo en ver cómo se genera esa lista y esa información dura que diga quiénes fueron los que habrían recibido esos 35 millones de dólares de coima", subrayó.
Por su parte, Peña calificó ayer de "operativo humo" las denuncias del kirchnerismo a la gestión de Cambiemos por la causa Odebrecht, al tiempo que ratificó la determinación del Gobierno de "ir a fondo y transparentar" lo que la empresa brasileña "tenga para decir".
Tras señalar que "nunca vio ni escuchó" en el recinto al diputado y ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido, sostuvo que "las coimas de Odebrecht las pagaron los funcionarios públicos" del gobierno anterior.
Por eso, remarcó que De Vido debe "dar toda la información, caiga quien caiga". Al respecto, afirmó que el Gobierno "no tiene que ocultar nada", aunque la procuradora general Alejandra Gils Carbó "sí".
"El 'operativo humo' de querer plantear que una coima la cobró algún pariente" del presidente Mauricio Macri "es una patraña", subrayó en su informe de gestión ayer en el Congreso.
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Llegó el día: desde hoy, la justicia de Brasil podrá compartir con la Argentina información sobre coimas que Odebrecht reconoció haber pagado a funcionarios de este país. Sin embargo, la misma será remitida a la procuradora Alejandra Gils Carbó y en principio no podrá ser publicada.
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Desde hoy, Brasil puede compartir con la Argentina información sobre coimas
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