El juez federal Julián Ercolini dispuso que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, vaya a juicio oral, en el marco de la causa por la compra de trenes a España y Portugal. Es por los delitos de administración fraudulenta agravada, por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, y cohecho.
La medida además alcanza a Manuel Vázquez, presunto testaferro del ex funcionario, -también bajo prisión preventiva pero con arresto domiciliario-; Ricardo Testuri, por entonces inspector de la subgerencia de Concesiones Ferroviarias de la CNRT; e Ignacio Soba Rojo, consultor y también presunto testaferro, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
La compra de material ferroviario a España y Portugal que resultó inservible fue realizada en el 2005, con el presunto pago de sobreprecios, por un valor que habría excedido los 100 millones de pesos.
Se trata del tercer juicio oral y público que deberá enfrentar el detenido ex secretario de Transporte, quien permanece tras las rejas en el penal de Ezeiza desde el 2 de abril del año pasado.
El primer proceso oral en su contra fue el que debió enfrentar fue el realizado por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero del 2012, que causó la muerte a 51 personas y una por nacer, y heridas a más de 700 personas.
En tanto, existe otro expediente en su contra ya elevado a juicio oral y público, correspondiente a su presunto enriquecimiento ilícito, por el que se encuentra también procesado por resolución del juez federal Sebastián Casanello.
Por la tragedia de Once, al término del juicio oral y público, Jaime fue condenado a seis años de prisión, una pena unificada con condenas confirmadas que ya pesaban en su contra, una de ellas el intento de robo de pruebas de un procedimiento judicial y otra por un confesado pedido de coimas.
Es que, en octubre del 2015, en el marco de un juicio abreviado que tramitó en el juzgado de Julián Ercolini -el mismo que luego, en abril del 2016 dispuso su prisión preventiva- Jaime fue condenado a un año y medio de prisión por el delito de dádivas, a raíz de los pasajes en avión que el ex funcionario admitió haber recibido de parte del empresario Sergio Cirigliano, a quien debía controlar por estar a cargo de la concesionaria TBA.
En tanto, previamente, en septiembre del 2013, Jaime ya había sido condenado a seis meses de prisión por un tribunal de Córdoba a raíz del intento de robo de pruebas durante un procedimiento judicial realiado en su domicilio de Villa Carlos Paz.
No obstante, no se trata de las únicas causas que apuntan al accionar de Jaime: sin ir más lejos, el juez federal Claudio Bonadio hoy lo citó a declaración indagatoria -entre otros ex funcionarios- a raíz de irregularidades en el otorgamiento de subsidios al gasoil al transporte público.
Además, Jaime se encuentra procesado por el delito de "malversación de caudales públicos" en una causa que investigó irregularidades en la reparación de coches del concesionado ferrocarril Belgrano Norte, y, junto al ex ministro de Planificación Julio De Vido, está también procesado por la omisión de control sobre las concesiones ferroviarias.