El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó que se abra una causa judicial contra los jueces de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes con su voto avalaron que se aplicara el cómputo del 2×1 para beneficiar a Luis Muiña, un militar condenado por crímenes de lesa humanidad.
El pronunciamiento surgió a raíz de una denuncia del abogado y ex legislador porteño Marcelo Parrilli, quien denunció a los magistrados por "prevaricato". El prevaricato es un delito que pena a los jueces que dicten resoluciones contrarias a derecho.
"Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar", argumentó Marijuan en su dictamen.
"El denunciante vinculó los alcances de ese pronunciamiento con ciertas declaraciones que se habrían hecho públicas por parte de diferentes integrantes del Poder Ejecutivo, como así también con el modo en que fueron designados inicialmente dos de los ministros de Corte que conforman el máximo tribunal de Justicia de la Nación", afirmó Marijuan, y explicó que para Parrilli, la sentencia de la Corte "respondería a una nueva política de Estado para aquellos casos en donde se juzguen delitos cometidos durante la última dictadura".
En el sorteo realizado ayer, el expediente recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, quien deberá decidir finalmente si acepta el pedido del fiscal y avanza con la instrucción.