Por orden del juez de Instrucción porteño Rodolfo Cresseri este viernes (05/05) se llevó a cabo un allanamiento en la Procuración General de la Nación que dirige Alejandra Gils Carbó en el marco de una causa que investiga el uso de fondos para el alquiler de oficinas que nunca fueron ocupadas, según publica Clarín.
Gils Carbó, según la investigación, habría beneficiado con dos contratos millonarios, y sospechados por falta de transparencia, a empresas del Grupo Bemberg, cuyo fundador fue el creador de las cervecerías Quilmes. El primero es la compra del edificio de la calle Perón 667 donde funciona la sede central del ministerio público. La otra es un alquiler a la familia Bemberg de una oficina ubicada en la calle Perú 143 de esta capital.
Por una de esas operaciones, Gils Carbó está imputada en la Justicia por posible corrupción. La causa la instruye el fiscal Eduardo Taiano por decisión del juez Julián Ercolini. En esta causa la Procuración ya fue allanada, como se informa más adelante.
La segunda resolución de su organismo, que le hizo ganar dinero público a otra sociedad comercial de los Bemberg, fue un proceso administrativo señalado dentro de la propia Procuración por sus falencias y omisiones en su tramitación. Los jefes del Procuración avalaron que se le pague a una compañía de los Bemberg llamada Tainaul S.A un alquiler mensual de 75 mil pesos por un departamento en el piso 13 de un edificio ubicado en la calle Perú 143. El contrato estipuló que esa operatoria duraría tres años: la suma aprobada oficialmente para abonarle a esa firma privada fue de $2.700.000.
La Procuración estableció que también se pagarían con fondos públicos 135 mil pesos en concepto de “honorarios por intervención inmobiliaria” a una empresa de reconocida en ese rubro, “Colliers Badino S.A.”.
Los nexos de los negocios que concretó la Procuración con las empresas de los Bemberg se vinculan entre sí por personajes que participaron en ambas tramas. Además se investigan manejos poco claros en los modos contractuales utilizados para cerrar esas operaciones.
Pero también en ambas transacciones se cobraron comisiones inmobiliarias que ahora parecen unidas. Alejandro Badino es socio de “Colliers Bandino S.A”, la firma que cobró la comisión por el aquiler de las oficinas de Perú 143. Y también es residente de una importante empresa de “compra-venta” de propiedades de nombre “Colliers International”.
Esta compañía fue la que salió segunda en la licitación pública gracias a la cual los Bemberg lograron que la Procuración les comprara su mansión de Perón 667. Esa inversión tuvo un costo total para el Estado de 43.840.000. Se concretó en el 2013.
En julio del 2015, los Bemberg volvieron a ser beneficiados por la Procuración General, de Gils Carbó, con el alquiler del piso 13 de Perú 143. La firma que es dueña de esas oficinas se llama Taniaul S.A. El contrato fue firmado por el director de Administración de la Procuración, Jorge Argüello, con el aval de Gils Carbó, según aclara el mismo.
Es propiedad de los Bemberg, e incluso su sede social había sido registrada en el edificio de Perón 667, luego vendido a la Procuración, su futura inquilina en otra propiedad, publica Clarín.
En tanto, en el marco de la otra investigación conexa, hace dos semanas, Gils Carbó presentó un escrito ante el fiscal federal Eduardo Taiano, en el que sostuvo que la operación de compra del edificio de la calle Perón 667 pasó por todas las instancias de control con un "riguroso cumplimiento". Sin embargo, volvió a apuntar contra uno de sus colaboradores y dijo que se estableció que Guillermo Bellingi, el funcionario suspendido, "había tenido participación en el proceso administrativo que culminó con la adquisición del inmueble". "Las investigaciones en curso demostrarán si un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia generó un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo", aseguró.
Cabe recordar que el 12 de abril pasado, por orden del juez Ercolini, la policía Federal allanó la Procuración de la Nación en busca de mails en los que figure Guillermo Bellingi, exsubdirector de la administración, y quien concretó en 2013 la sospechosa compra de un edificio.
La inmobiliaria que participó de la operación fue Jaureguiberry Asesores, que había sido contratada por la firma Arfinsa SA, integrante del Grupo Bemberg, y que habría subcontratado a Juan Thill para que intercediera en la operación.
La operación generó a Jaureguiberry una comisión a favor por casi $8 millones de pesos que compartió con Thill, quien, según publicó el portal Infobae, es hermano de Bellingi, quien era subdirector general de la Procuración cuando se hizo la compra. La Justicia investiga cómo se pagaron $8 millones en la adquisición del inmueble y se abonó una subcomisión de $3 millones a un productor de seguros. También indagan si estos agentes inmobiliarios tienen algún tipo de vínculo con Héctor Alonso, el exmarido de la Procuradora, Alejandra Gils Carbó.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró que el Ministerio Público Fiscal no pagó ninguna comisión a una inmobiliaria para la compra de un edificio. Lo hizo al defenderse de una acusación en su contra por la compra del edificio de la calle Perón 667 de esta capital, sede de la Procuración, operación en la que según una denuncia periodística se habría pagado una millonaria comisión al ex marido de Gils Carbó.
A su vez, la procuradora Gils Carbó ordenó iniciar una investigación administrativa para esclarecer bajo qué circunstancias se produjo la compra de un inmueble por la que fue denunciada. También dispuso la suspensión de un funcionario que habría estado vinculado a la operación inmobiliaria.