PARANÁ. Los abogados defensores del juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi recusaron a cinco de los siete miembros del Jurado de Enjuiciamiento que deben evaluar su actuación en el otorgamiento de la libertad condicional a Sebastián Wagner, el principal acusado del femicidio de Micaela García.
Fuentes judiciales confirmaron que los letrados Guillermo Vartorelli y Miguel Ángel Cullen efectuaron la presentación para separar del Jurado de Enjuiciamiento a Emilio Castrillón, miembro por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos; Ángel Giano, miembro titular por la Cámara de Senadores de Entre Ríos; Roque Ferrari, miembro suplente por la Cámara de Senadores; Diego Lara, miembro titular por la Cámara de Diputados y designado presidente del jurado, y Rosario Romero, miembro suplente por la Cámara de Diputados.
Según los abogados de Rossi, esos integrantes del Jurado incurren en dos causales de recusación: haber intervenido o tenido interés en el resultado de la causa que motiva el enjuiciamiento y haber dado consejo o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el caso.
Los defensores consideraron que los cinco miembros "carecen de la imparcialidad e independencia necesaria para intervenir y resolver la presente causa", en la cual se impulsa la destitución del magistrado, por haber liberado a Wagner a pesar de las recomendaciones en contrario de los equipos técnicos.
Cullen y Vartorelli mencionaron distintas expresiones ante medios de comunicación en las cuales los jueces y legisladores habrían adelantado opinión sobre el tema. Esas manifestaciones públicas integran el conjunto de pruebas propuestas.
Por el caso Rossi se presentaron seis denuncias en su contra. Una del senador Departamental de Gualeguaychú Nicolás Mattiauda (Cambiemos), otra de su par Aldo Ballestena (FpV), otra de legisladores del Frente Para la Victoria, una cuarta de la asociación civil Red de Alerta, otra de legisladores de Cambiemos y la sexta de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra). Ante esta situación, se conformó el Jurado de Enjuiciamiento, cuyos integrantes tienen la tarea de analizar cada una de esas denuncias por mal desempeño y falta de idoneidad contra el juez.
Lo paradójico del caso es que era previsible que esto pudiera suceder ante las innumerables oportunidades que los ahora recusados habían emitido opiniones públicas sobre la actuación del juez Rossi, además de ser co-denunciantes, y pone en evidencia que una vez más la corporación política y judicial reacciona sobre las consecuencias al solo efecto de cubrirse y no porque realmente esté comprometida con las soluciones que la sociedad está esperando.
En tal sentido la diputada Rosario Romero, ante el pedido de los abogados del juez, ya anunció que se retirará del Jurado “Si me corren traslado de la recusación responderé que de ninguna manera voy a intervenir en el proceso porque soy denunciante y me corresponden las generales de la Ley”, señaló, a la vez que agregó “No podría ser jurado siendo una de las co-denunciantes al Juez Rossi”.
Las declaraciones de la legisladora Romero son muy claras respecto a que tanto ella como los demás legisladores recusados:
> Diego Lara (quien preside el Jurado de Enjuiciamiento),
> Ángel Giano y
> Roque Ferrari
conocían muy bien que podrían ser recusados ya que todos ellos fueron co-denunciantes como integrantes de sus respectivos bloques.
Ahora la justicia deberá resolver sobre estas recusaciones, que de acuerdo a lo que ha manifestado la diputada Romero, es muy probable que todos los recusados deban excusarse y se volverá a fojas cero debiéndose designar nuevos miembros. Y siga el baile…