Cinco propiedades del empresario Carlos Tomeo -el "testaferro" de Aníbal Fernández, según Elisa Carrió- fueron allanadas este martes (21/03) en el Country Abril en el marco de la investigación por lavado de dinero. Lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. En una de las casas fueron secuestradas cajas con miles de pesos y dólares.
Los 10 operativos abarcan, además de las casas de Tomeo, tres escribanías en Capital Federal y la Provincia, y una pesquisa en el Banco Comafi en Quilmes, donde se examinan las cajas de seguridad. La Justicia busca determinar si el dinero con el que adquirió sus propiedades proviene del narcotráfico.
Tomeo fue denunciado por Elisa Carrió, quien catalogó como un presunto “testaferro” de Aníbal Fernández, vínculo que ambos negaron. En septiembre del pasado año, Tomeo ya había sido sufrido otro allanamiento en su casa del country, en el que ecuestraron más de $4 millones, relojes de lujo, y joyas.
En ese entonces, el empresario tabacalero negó ser testaferro de Aníbal Fernández: "Nunca lo vi en mi vida, si por pagarle los sueldos a la gente en tiempo y forma tenés que ser encubridor de Aníbal Fernández, me duele un poco", sostuvo Tomeo, quien también se mostró molesto porque el ex jefe de Gabinete "no salió a aclarar esto".
Por otra parte se realizó un operativo en el Campo Ana José, ubicado en el kilómetro 54,5 de la Ruta Nacional 210, en San Vicente, el cual fue comprado por Tomeo en 2011 a una firma vinculada al narcotraficante Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a Estados Unidos en 2013.
Meyendorff, según la Justicia, adquirió diversas propiedades para intentar "lavar" el dinero proveniente del narcotráfico. Entre ellas varias casas en el country Abril, donde habría conocido a Tomeo, estancias en Chivilicoy y San Vicente, e inscribía los mismos a nombre de sociedades uruguayas o de la firma Fara.
# Nueva indagatoria y embargo para Aníbal
Por otra parte, la jueza María Servini de Cubría llamó a ampliar declaración indagatoria al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández en la causa Fútbol para Todos, al igual que a los directivos de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y la Fundación “El Futbolista”, a quienes además embargó por más de dos millones de dólares.
Entre los dirigentes gremiales que fueron convocados a declarar están el titular de FAA, Sergio Marchi, y Carlos Pandolfi, al frente de la fundación “El Futbolista”.
La jueza convocó a Fernández para el 12 de abril próximo a las 11.00 por su supuesta participación en el desvío de fondos provenientes del erario y destinado a Fútbol para Todos, en favor de la gremial de los futbolistas.
En ese contexto, Servini embargó los fondos depositados en cajas de seguridad bancarias de las entidades de los futbolistas por 2.191.811 dólares.
“La fundación ‘El Futbolista’ recibió de parte de la AFA, tras el desvío del dinero destinado a los clubes, sumas millonarias, las que podrían haber sido destinadas de otros recursos que la AFA posee, y no de los montos que contaba como administrador de uno de los fines del Estado Nacional de fortalecer financieramente las entidades deportivas”, explicó la jueza.
“Existe el grado de sospecha necesario de que los directivos comunes que cumplen/cumplieron funciones en la fundación ‘El futbolista’ y en ‘Futbolistas Argentinos Agremiados’, habrían participado en el entramado que se habría utilizado para canalizar fondos procedentes del erario público -Programa Fútbol Para Todos-, por fuera del objeto del contrato”, subrayó la jueza.
“Al menos parte de ese dinero hallado en la esfera de custodia de esas personas físicas y jurídicas, se lo habrían proporcionado en diferentes circunstancias, los involucrados en autos”, añadió, al explicar la ampliación de indagatoria de Aníbal Fernández.
Además del ex jefe de Gabinete, deberán declarar en indagatoria Pandolfi, presidente de la fundación ‘El futbolista’ y tesorero de ‘Futbolistas Argentinos Agremiados’; Marchi, además de titular del sindicato es prosecretario de la fundación; Norberto Monteleone, secretario y gerente general; Raúl Pagano, cotitular de la caja de seguridad del Banco Ciudad y gerente Financiero de Agremiados; Jorge Cragno, tesorero y Secretario Administrativo; y Sergio Seguel, protesorero de ambas entidades.
La jueza ordenó investigar también las cuentas corrientes de la fundación y agremiados que fueron cerradas en los últimos tiempos, requiriendo “el monto exacto -actual y/o el último de las mismas, como así también sobre la existencia de plazos fijos, bonos, y todo otro tipo de productos de aquellas”.
Los embargos sobre el dinero fueron dispuestos “a efectos de garantizar y asegurar efectivamente el eventual decomiso del dinero en cuestión que podría estar vinculado al delito investigado, así como la realización de una eventual pena pecuniaria y de las costas del proceso, con miras a impedir la libre disponibilidad de los fondos, previniendo un eventual estado de insolvencia que haría ilusoria la compulsión en caso de una sentencia condenatoria”.